El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a tres hombres a penas de 11 y 13 años de prisión como coautores del secuestro extorsivo de un joven de 27 años, que tiene una discapacidad y es insulino dependiente, a quien el 14 de abril de 2023 interceptaron en la localidad de Gálvez y trasladaron más de 100 kilómetros hasta la localidad de Andino para mantenerlo cautivo durante 12 horas, al cabo de las cuales fue liberado sin que se pagara el rescate de 200 mil dólares que habían exigido en sus comunicaciones con la familia de la víctima.

En el veredicto, dado a conocer el 18 de octubre pasado, los jueces José María Escobar Cello (presidente) y Luciano Lauría y la jueza Elena Beatriz Dilario condenaron a 13 años de prisión a los hermanos Franco y Martín Quevedo e impusieron 11 años de prisión al cuñado de ambos y empleado administrativo del Ejército, Jonatán David Oscar Petri, tras considerarlos coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, y por ser la víctima un joven con discapacidad y por la cantidad de intervinientes. El fiscal general Martín Suárez Faisal había requerido para los tres la pena de 19 años de prisión y en el caso de Petri había formulado la agravante de ser empleado público.

El caso que arribó a juicio fue producto de una investigación desarrollada por el titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel. El caso se inició con la denuncia formulada el 14 de abril por la mañana.

La madre del joven encontró un mensaje de Whatsapp enviado a las 6.50 desde el teléfono de su hijo: “No es joda 200 mil dólares o no le ve más, si llama a la cana no lo ve más, ni una palabra a nadie, 1 hora” (sic). Tras buscar al joven en su lugar de trabajo y en la casa de un amigo, los padres finalmente hicieron la denuncia en la Comisaría Segunda de Gálvez.

El fiscal Onel convocó al jefe de la Policía Federal de Santa Fe y se trasladó a la casa de los padres de la víctima. Desde allí encabezó las primeras diligencias y ordenó la producción de medidas urgentes, como la intervención directa de los teléfonos involucrados. La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) de la Procuración General de la Nación tramitó la intervención de un helicóptero para rastrear posibles desplazamientos de los sospechosos.

La investigación determinó que los captores eran los hermanos Quevedo, conocidos de la familia de la víctima, y que la trasladaron a una propiedad de Petri en localidad de Andino, 103 kilómetros al sur de Gálvez. Según el registro de una cámara municipal llegaron a ese lugar a la 1.05 de la madrugada.

Un rato antes, en la medianoche, la víctima había sido sorprendida cuando regresaba a su casa en bicicleta luego de trabajar en un bar. Un automóvil Ford Focus se puso a la par: el acompañante del conductor descendió, encapuchó al joven y lo obligó a subir al vehículo.

El lugar escogido para mantener a la víctima en cautiverio fue una casilla ubicada en el fondo del inmueble, donde lo arrojaron sobre un colchón con olor a nafta, “lo que seguramente incrementó su terror a ser prendido fuego”, destacó el fiscal general Suárez Faisal durante el juicio.

El joven estuvo secuestrado hasta el mediodía, cuando fue liberado. Durante esas horas, los hermanos Quevedo se mantuvieron en contacto con la familia a través de varios mensajes. Primero solicitaron 200 mil dólares de rescate, pero la familia ofreció 5 millones de pesos.

Los captores indicaron a los padres que llevaran el dinero a una estación de servicio situada sobre la autopista Rosario-Santa Fe, pero después modificaron el punto de entrega: debían arrojar un bolso con el dinero debajo de un puente del Río Carcarañá a cambio de la liberación, que se concretaría en un camino rural entre las localidades de Ricardone y Aldao.

Sin embargo, el pago no se hizo. Los padres del joven no ubicaron el lugar y, mientras trataban de llegar, recibieron el aviso de que el joven había sido encontrado a salvo por un vecino en el punto fijado para la liberación.

La investigación dio con el Ford Focus y detuvo a los hermanos Quevedo, que fueron procesados. Posteriormente, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina pudo establecer que el día del secuestro la línea telefónica de Petri había interactuado con los teléfonos de los hermanos. También corroboraron que la esposa de Petri, hermana de los Quevedo, era la dueña de la vivienda en la que mantuvieron cautivo al joven.

Concluida la investigación, en octubre de 2023 el fiscal Onel formalizó el requerimiento de elevación a juicio para los tres imputados. El juicio finalmente se desarrolló en septiembre de este año, con la intervención en el debate del fiscal general Suárez Faisal.

En su alegato de clausura y al solicitar la pena, el representante del MPF valoró la intervención de su colega de primera instancia en la investigación. Remarcó que “se probó que Franco Quevedo se quedó de carcelero de la víctima en la casa de Petri, mientras que Martín Quevedo, probablemente solo o con alguna otra persona, se condujo en automóvil con dirección a Rosario, mientras continuaban las extorsiones a los padres exigiéndoles dinero a cambio de la vida de su hijo”.

Según expuso el fiscal general, “todo ello se pudo determinar a partir de los listados de llamadas e impactos de antenas remitidos por las empresas de telefonía celular, tanto del celular de la víctima como los celulares de los hermanos Quevedo”.

Refirió además que “mientras se negociaba el rescate, llegó al lugar de cautiverio Petri, a las 9.12 para ser más exactos, en su Renault Sandero”, de acuerdo con la filmación de una cámara de seguridad.

La hipótesis oficial del caso planteó que “Petri intervino personalmente en el lugar de cautiverio junto a Franco durante por lo menos dos horas más, hasta que regresó Martín, para luego de unos minutos, a las 11.35, salir junto con la víctima, a la que vistieron con un mameluco blanco y lo sentaron en el asiento del acompañante. Franco se dispuso en el asiento de atrás, y se dirigieron al lugar donde habían acordado el pago y la posterior liberación”.

El fiscal indicó que “dos minutos más tarde, a las 11.37, la misma cámara de seguridad de la municipalidad de Andino registró el egreso de Petri en el Sandero”. Para Suárez Faisal esa cámara “sirvió para registrar todos los movimientos de los secuestradores, y fue rápidamente detectada y revisada por el muy buen trabajo del equipo Antisecuestros de la Policía Federal”.

Fuente: Fiscales.gob.ar