El gobierno nacional anunció recientemente que la inflación del mes de enero de 2025 fue del 2,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, un conjunto de organizaciones sindicales alertó sobre la falta de correspondencia entre estas cifras y el aumento real de los bienes y servicios que enfrentan mes a mes los trabajadores y trabajadoras.

Según el comunicado emitido por distintas entidades gremiales, este desfasaje no solo es perceptible en la cotidianeidad de la población, sino que además tiene una explicación técnica clara: la metodología de cálculo de la inflación utilizada por el INDEC está desactualizada. Según advierten, el gobierno se niega a actualizarla porque ello revelaría que la inflación real es mayor a la publicada oficialmente.

Las organizaciones gremiales explican que la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGho), utilizada para ponderar el índice de precios, no ha sido modificada integralmente en muchos años, lo que genera distorsiones cada vez más acentuadas. Como resultado, la inflación real que impacta en el bolsillo de la gente se aleja de los datos oficiales. Según estimaciones de economistas y especialistas, el desfasaje entre ambas cifras alcanzó un 15% en contra de los salarios durante 2024.



El comunicado destaca ejemplos concretos de cómo esta metodología obsoleta no refleja la realidad: “¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? ¿O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados que con incrementos libres cada tres meses?”, se preguntan. En este sentido, sostienen que la crisis habitacional ha puesto en evidencia una relación de desigualdad entre propietarios e inquilinos sin precedentes.

Según el documento, el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, una caída solo atenuada por las negociaciones paritarias y los conflictos salariales. “La mayoría de los trabajadores y trabajadoras está cada vez más lejos de alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debería garantizar una vida digna, con acceso a alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta y esparcimiento”, afirman. En esa línea, según los datos gremiales, para cubrir estos gastos a finales de 2024 un trabajador o trabajadora debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales.

Las organizaciones firmantes del documento aseguran que los datos oficiales no reflejan la realidad y que la población lo comprueba cada mes cuando enfrenta aumentos en productos básicos y tarifas. “El futuro ya llegó. El bolsillo canta claro. Necesitamos unirnos para reparar esta injusticia”, concluyen.