La Federación Marítima y Fluvial se declara en Estado de Alerta por el sector remolques
Tras dos meses sin acuerdo, los gremios marítimos y fluviales que integran la FESIMAF se declararon en Estado de Alerta ante el empecinamiento de la Cámara Argentina de Remolques de no otorgar ninguna actualización salarial a los trabajadores. Sube la tensión y el riesgo de que un reclamo afecte el comercio exterior.
Tras una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Nación, que reunió a la Cámara Argentina de Remolques y los gremios integrantes de la Federación Sindical Marítima y Fluvial en el marco de la paritaria del sector, las organizaciones gremiales resolvieron declarar el “Estado de Alerta” y llevar el reclamo a otro nivel como respuesta a la mezquina postura empresarial.
El pedido de los trabajadores se basa en el régimen de actualización salarial que se implementó hasta el momento y tiene como base el Índice de Precios al Consumidor del INDEC (que tiene una caída sostenida desde el nuevo gobierno). Pero la propuesta del sector empresarial comenzó en 0% para los primeros 3 meses, luego pasó a 3% y este lunes la propuesta bajó a 2% mensual.
“Llevamos 2 meses sin acuerdo y las empresas tomaron una postura mezquina y buscan la provocación con una propuesta por debajo del IPC”, sostuvieron desde la entidad.
La semana anterior el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos junto al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato de Conductores Navales y el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales realizaron asambleas en los todos puertos donde operan los remolques y recibieron el apoyo de los trabajadores que esperan la directiva para comenzar una medida de acción directa.
Además, la Federación se expresó en contra de la Ley Bases, Reforma Laboral e Impuesto a las Ganancias que se debate en el senado nacional y anunció que estará en la puerta del Congreso al momento del tratamiento de los proyectos de Ley. También denunciaron que la gestión del gobierno circula un borrador para derogar la Ley de Cabotaje Nacional que implica la apertura de las aguas a banderas de conveniencia y trabajo extranjero, atentando contra el trabajo y empresas argentinas.