Con el reemplazo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, el gobierno se desvincula de la promoción y desarrollo de la Marina Mercante Nacional. En su lugar, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y se disolverá la Administración General de Puertos (AGP). La medida ha generado críticas del sector marítimo, pesquero y fluvial.
El secretario de la seccional Rosario del SOMU, Cristian Cardozo, comparó estas modificaciones con las políticas neoliberales de los años 90, que impactaron severamente en el empleo argentino al introducir mano de obra extranjera en tripulaciones marítimas y fluviales.
“Santa Fe perdería más de 20 mil puestos de trabajo si avanza esta desregulación, que es incluso más perjudicial que la aplicada durante el gobierno de Carlos Menem”, afirmó Cardozo, expresando su preocupación. Además, señaló que estas políticas permitirían que trabajadores de cualquier nacionalidad reemplacen a argentinos en la navegación y que banderas de Bolivia o Paraguay comiencen a operar en tareas de cabotaje en aguas nacionales.
Cardozo recordó que el decreto 1010/04, emitido por el presidente Néstor Kirchner en 2004, estableció condiciones para proteger el empleo local en los ámbitos marítimo, fluvial y pesquero. Este decreto estipula que los buques extranjeros deben ser tripulados por personal argentino o por extranjeros bajo convenio argentino, garantizando así una competencia leal.
El dirigente sindical también reveló que en reuniones con funcionarios de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, los gremios fueron informados de que la desregulación impactaría profundamente en el sistema laboral. Sin embargo, estos funcionarios alegaron estar atados a las directivas del Ejecutivo, que considera el trabajo argentino como un "costo elevado" para los servicios fluviales.