La Conferencia Episcopal Argentina anunció que a partir de este 2024 los arzobispos y obispos diocesanos y auxiliares dejarán de percibir los fondos del Estado atribuidos a la Ley N° 21.590.

De este modo, los responsables de promulgar el culto católico renunciarán voluntariamente a los fondos previstos por la ley que data del año 1979, por el cual el Estado Nacional se hacía cargo del 80% de su remuneración, monto que al día de hoy asciende a los 98.000 pesos.

Este proceso de renuncia había comenzado en 2018, con una renuncia progresiva y voluntaria a los fondos estatales, ya para a los dos años siguientes, en 2020, haber avanzado en un programa de Financiamiento Eclesial.

La misma entidad había reconocido que los fondos del Estado representaban cerca del 10% del presupuesto de la Iglesia, y que era de gran ayuda para las diócesis más pobres del país.

Este punto es importante de analizar en lo que será la relación del catolicismo con el resto de la sociedad, en un contexto donde las necesidades sociales se multiplican por el rumbo liberal de la economía, y en donde el horizonte no muestra garantías para toda la comunidad.

De este modo, la Iglesia católica da un paso más hacia su autonomía con respecto del Estado, aunque sin lugar a duda será un nuevo desafío aún más grande en cómo financiará su llegada a los lugares más necesitados de fe en un país que la necesita para afrontar los meses tormentosos que el Gobierno Nacional anuncia día a día.