La empresa Petroquímica Bermúdez -cerrada desde 2013- está en el ojo de la tormenta en las últimas semanas. Esto es así porque sus dueños, los empresarios Sergio y Máximo Tasselli, y Matías Gallegos, están acusados por el daño ambiental producido por la fábrica.

Sin embargo, hay una traba que impide que la investigación continúe: una resolución dictada por el Juez Juan José Tutau en 2019 en la que ordenó cerrar la causa. Esto fue a pedido del fiscal Ledesma, quien recibió órdenes de hacerlo de parte del ex Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, imputado en esta causa y en la de juego clandestino.

Otro funcionario que estuvo involucrado fue el Fiscal de Estado Gustavo Luzzini, quien acordó con su por entonces jefe, Patricio Serjal, darles al dueño de la fábrica, el empresario Sergio Taselli, el criterio de oportunidad.



En la actualidad, los fiscales de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra buscan reflotar la causa de daño ambiental, para lo cual el juez Carlos Gazza deberá resolver si anula o no la extinción de la causa dictada por Tutau en 2019. “Si le hace lugar, lo que nosotros vamos a poder hacer es imputar a los Tasselli y a Gallegos delitos vinculados con la contaminación ambiental”, explicó Schiappa Pietra a 11Noticias .

Cabe mencionar que Luzzini, fiscal de estado en ese entonces, y Patricio Serjal, ex Fiscal Regional de Rosario, ya fueron imputados en Febrero de este año por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento, por haber realizado una maniobra para beneficiar a los dueños de Petroquímica y encubrir la gran contaminación al ambiente que estaba produciendo la empresa”.

Historial de contaminación

Según publicó el sitio de LT3, el fiscal Schiappa Pietra recordó que “Miguel Lifschitz – gobernador en ese momento – sacó un decreto en marzo de 2017 a propósito de un caso de contaminación en un lugar cercano a esa petroquímica. Con ello pidió iniciar todas las acciones legales y denunciar personalmente, cosa que hizo en junio de ese año otro fiscal de Estado, el doctor Saccone”.

“Cuando a mediados de 2018 la causa quedó en el Ministerio Público de la provincia, se hicieron análisis de suelo, napas freáticas (acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo) y aire del lugar, los cuales arrojaron como resultado que todo el predio estaba contaminado por distintas sustancias que se generaban por la producción de esa petroquímica. Aun con esta información, invocaron un acuerdo de remediación y archivaron la causa. Las consecuencias fueron terribles porque había mil bombonas que podían contener gas cloro, de las cuales desaparecieron 800 sin dejar rastros”, agregó el fiscal.


La Agencia de Investigación Criminal realizó este jueves 23 una inspección ocular de las instalaciones abandonadas.

La Ingeniera Ambiental Cecilia Bianco, quien también integra la ONG Taller Ecologista, explicó a este medio los efectos graves que podrían causar las sustancias encontradas allí. Dijo que “si el cloro es liberado al agua, al suelo o al aire desde un tanque, se evaporará rápidamente formando una nube que puede ser movilizada por el viento lejos de la fuente original”.

Según detalló, algunos de los efectos que dicha sustancia produce a la salud son: dificultad para respirar, inflamación de la garganta e incluso podría llegar a causar un edema pulmonar (líquido dentro de los pulmones).

Además del gas cloro, en diversas muestras se han detectado otras sustancias altamente tóxicas en el predio de la ex Petroquímica, como cloroformo, tricloroetileno, amianto o asbesto, benceno y lindano (conocido como Gammexane, un insecticida que se fabricó allí), todas sustancias con potencial de producir cáncer. También se encontró Mercurio, metal que puede ser transportado a grandes distancias a través de la atmósfera pudiendo afectar al sistema nervioso, a los riñones e incluso atravesar la placenta y producir importantes efectos neurológicos y teratogénicos, explicó la especialista.

En febrero de este año se realizó un proceso de “desgasificación” de las 200 bombonas de gas cloro que había en el lugar, en el marco de un proceso de remediación ambiental monitoreado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia.



Última audiencia

En la última audiencia del caso, realizada el miércoles 15 de septiembre, los testimonios de los testigos presentados por la fiscalía “dieron cuenta de una contaminación muy grande y de que cuando el juez Tutau de San Lorenzo extinguió la acción penal no estaba en conocimiento de la información de lo que sucedía en terreno cosa que tanto los fiscales como la propia Fiscalía de Estado sabían”, dijo Schiappa Pietra.

“El predio estaba todo contaminado, había un pasivo ambiental que afectaba todo el patrimonio ecológico de la provincia y nada de eso se había puesto en juego”, agregó.

Según explicó, “estamos a la espera de que resuelva en Dr. Gazza si le hace lugar o no a lo que pedimos. Si le hace lugar, lo que vamos a poder hacer es imputarle a los Taselli y a Gallegos delitos vinculados con la contaminación ambiental. Ya están imputados Luzzini, de Fiscalía de Estado, y Serjal.

Por último, consideraron que la actuación de Fiscalía de Estado fue también al márgen de la Ley. “Vino a declarar el ex Fiscal de Estado Saccone y dijo consideraciones que para nosotros no nos ameritan hacerle un reproche penal, pero dan cuenta de un manejo inadecuado de la Fiscalía de Estado del abordaje y tratamiento de esa cuestión”, cerró el fiscal rosarino.