La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial modificó parcialmente un fallo dictado en 2015 que daba lugar a un amparo ambiental presentado por vecinos de Capitán Bermúdez en 2006 contra la empresa Celulosa Argentina S.A. Si bien no se ratificó la orden de cesar las emisiones de gases TRS (compuestos reducidos de azufre), se dispuso un monitoreo exhaustivo de estas emisiones y de la calidad del aire, a cargo de organismos competentes.

El fallo original, emitido por la jueza Silvia López de Pereyra, obligaba a la empresa a detener sus emisiones hasta obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y contratar un seguro ambiental. En cambio, la resolución actual establece que las autoridades supervisen las emanaciones para garantizar que no representen un riesgo para la salud.

Vecinos denunciaron que los gases emanados de la planta, con olor similar a huevo podrido, se trasladan con el viento principalmente proveniente del sudeste, penetrando en sus hogares y afectando su calidad de vida. Además, mencionaron incidentes de 2009, en los que escapes de gases causaron desmayos y otros síntomas en la población cercana, afectando sobre todo a docentes y alumnos de la Escuela Nuestra Señora de los Milagros, ubicada en las adyacencias a la empresa.

Por su parte, Celulosa Argentina negó que sus emisiones generen daños comprobables. También destacó las inversiones realizadas desde 2007 para implementar nuevas tecnologías, en el marco de un plan de mejoras que involucró una inversión de 100 millones de dólares, según documentación incluida en la causa.

Los camaristas Ariel Ariza y Oscar Puccinelli reconocieron estos avances, pero enfatizaron que persiste la necesidad de monitorear las emisiones para garantizar su adecuación a la normativa. Además, señalaron que los gases TRS, compuestos por sustancias como sulfuro de hidrógeno y dimetilsulfuro, pueden causar efectos negativos en la salud incluso en niveles bajos de exposición.

Fuentes: El Ciudadano y Versión Rosario