El Concejo Municipal de San Lorenzo aprobó en la última sesión una serie de proyectos para respaldar a las familias de barrio Villa Felisa que se encuentran acorraladas ante lo que denuncian es una maniobra fraudulenta de la inmobiliaria Vanzini para quedarse con los terrenos que habitan desde hace años. Con respaldo unánime de todos los ediles, el cuerpo legislativo expresó su preocupación por la situación y accionó una serie de medidas para acompañar a los vecinos.

Además de un proyecto de Declaración para expresar la preocupación ante los inminentes desalojos de algunas familias, el Concejo aprobó 5 resoluciones que buscan, por un lado, solicitar la intervención a los distintos niveles del Estado, y por otro interiorizarse sobre las causas judiciales en curso.

Uno de los planteos pide a la Subsecretaría de Integración Sociourbana de la Nación la ampliación del polígono de barrio popular a Villa Felisa. “Eso lo que haría, en el marco de la Ley Nacional de barrios populares, es frenar los pedidos de desalojo. Difícilmente se dé, porque el gobierno nacional hoy en día prácticamente tiene congelada y sin funcionamiento a la SISU”, destacó el concejal Martín Cerdera y remarcó que también se solicitó la intervención a la Secretaría de Hábitat de la provincia.

Pero además de los proyectos aprobados, también se envió una nota al Ejecutivo municipal para solicitarle la intervención de manera directa, costeando los gastos de un equipo jurídico que pueda defender a los vecinos. “Hay una cuestión que es ineludible, que es el plano judicial. Fundamentalmente los que ya están judicializados y más aún los que ya tienen sentencia de desalojo. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo, en virtud también de lo que exigen los vecinos y viendo lo que pasa, es que el Estado municipal colabore de manera activa y concreta solventando los costos de un equipo de abogados que lleve adelante una defensa colectiva desde lo individual pero colectivizando toda la causa de los casos judicializados”, explicó Cerdera.

El edil justicialista remarcó que “el problema es que estos vecinos no tuvieron y no tienen recursos para defenderse contra una empresa multimillonaria y muy poderosa”, y agregó: “Son vecinos que les llegó situación de desalojo y que a la buena de Dios solo les quedó esperar a ver qué pasaba y cuándo se iban a tener que ir de sus casas. Entonces, ante una situación de pelea tan desigual como es una empresa de la que estamos hablando y vecinos que están en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, nuestro planteo es: hay que ponerle un piso de igualdad en esa pelea y ese piso de igualdad demanda que el Estado municipal les garantice la posibilidad de defenderse, en donde en definitiva el día de mañana se va a terminar resolviendo el conflicto que es en el pleno judicial. Por lo menos que se puedan defender”.

“Yo confío en que los vecinos tienen razón, yo confío en que tenemos razón y que si les damos la posibilidad de que se defiendan con todas las herramientas y todas las contemplaciones de la ley, la justicia tiene que ser observadora y tiene que tomar una definición en defensa de los vecinos que están en esta situación”, completó Cerdera.

En simultáneo, se espera que el municipio encare un relevamiento en el barrio para conocer más de cerca la situación de cada familia en particular.

Las familias afectadas, alrededor de 60, sostienen que adquirieron sus lotes de buena fe durante las últimas décadas, mientras que la inmobiliaria Vanzini se desprendió de los terrenos en la década del 70’ mediante boletos de compra venta, tal como lo demuestra el propio documento que aun conserva un vecino, aunque ahora alega ser la titular legítima de los lotes y pretende volver a vendérselos.

El pedido de la inmobiliaria hacia los vecinos para que puedan permanecer en el lugar, con cifras de hasta 17 mil dólares a los actuales propietarios, supone un valor excesivo por la falta de servicios en el barrio y las carencias.