No se encontraron resultados.Luego del pedido de una pena de 20 años de prisión para los militares retirados Osvaldo Cervera y Horacio Maderna y de 18 años para el abogado Pedro Rodríguez en la audiencia del viernes pasado, donde son juzgados por los delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos de los que fue víctima Manuel Oscar Casado, en la ciudad de San Lorenzo durante la última dictadura cívico militar, el fiscal federal Gonzalo Stara dialogó hoy con este medio.

Stara sostuvo que los pedidos están “basados en todo lo que fue la producción de lo que se hace en el debate y en estos casos las pruebas esenciales son las testimoniales, y en este caso fundamentalmente la testimonial de la víctima (Manuel Casado)”. Casado declaró en la causa a mediados de mayo y lamentablemente falleció un mes después en el Instituto Médico Regional de San Lorenzo por problemas de salud.

“La mejor persona para contar lo que realmente pasó durante la dictadura es siempre el sobreviviente. En estos hechos tan traumáticos y desgarradores para la víctima, hacen que su relato tengan una valoración intrínseca fundamental”, agregó el fiscal.

Además, el funcionario público destacó que “en este caso además tuvimos testigos esenciales sobre algunos tramos de los hechos que sufrió Casado. Como por ejemplo en el momento del secuestro donde se lo identifica a Rodríguez participando directamente”, y consideró que también tuvo gran importancia la prueba documental que respaldaron las afirmaciones de la Fiscalía.

Con respecto a Pedro Rodríguez, el abogado que tuvo el rol de asesor legal del municipio sanlorencino durante gran parte de la dictadura cívico-militar y acusado de ser quien “marcó” a Casado para que sea secuestrado en pleno centro de la ciudad, Stara afirmó que el imputado “cumplió una función fundamental porque era el único que tenía un conocimiento previo de cuadros políticos y sindicales de la zona, con lo cual permitió que se avanzara con mayor eficacia y rapidez en la persecución de esos militantes. Es un paso importante en avanzar sobre las responsabilidades civiles”.

Cabe destacar que Rodríguez fue electo concejal de San Lorenzo en el año 2009 pero los integrantes del cuerpo legislativo local no aceptaron que asumiera su banca por estar procesado en esta causa. Este abogado también fue expulsado del Partido Justicialista por la misma causa.

“Entre la prueba testimonial y documental se pudo llegar a una acreditación, sin margen de duda, de que los hechos fueron tal como los relató la víctima”, remarcó el fiscal y explicó: “Fue secuestrado, llevado a la Municipalidad e interrogado; luego fue llevado al Batallón de Arsenales(de Fray Luis Beltrán), donde funcionó un centro de detención clandestino y donde allí fue interrogado con picanas; luego también fue llevado a la Jefatura de Policía de San Lorenzo donde volvió a ser interrogado de una manera brutal e interrumpidamente siempre estuvo privado de su libertad”.

Las audiencias se retomarán el próximo 25 de julio con los alegatos de la defensa de los tres imputados y se espera que para la primera semana del mes de agosto el tribunal compuesto por los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella dicte una sentencia.

La Causa del Cordón

Luego de la sentencia en este juicio, los organismos de derechos humanos reclaman desde hace tiempo que llegue a juicio la “Causa del cordón”, que se encuentra en instrucción y podría tener fecha de elevación antes del fin de este año. En ese sentido, Stara señaló: “Fundamentalmente solicitamos que se amplíe el número de víctimas que habían quedado probadas ventiladas y si bien no conformaban parte de este juicio”.

“Queremos que se comiencen o se continúen determinadas investigaciones sobre los desaparecidos de julio de 1976 en principio contra estos tres imputados. Con lo cual la idea es que esto sea un punto de partida, para ampliar en cuanto el número de víctimas y el número de imputados”, añadió el fiscal.