En la denuncia presentada por un agente de la policía por diversas irregularidades en la Unidad Regional XVIII, que a la postre llevó a la intervención de la sede policial, también aparecen vínculos políticos de la localidad, que podrían estar al tanto de lo que ocurría dentro de la Alcaldía de San Lorenzo.

Si bien en un primer momento la intervención se justificó en cuestiones vinculadas al trabajo operativo en el territorio y la falta de respuestas ante la creciente inseguridad en la región, una denuncia interna que desnudó una nueva trama oscura dentro del ámbito policial sanlorencino. Y en la acusación de un propio miembro de la fuerza también aparecen posibles vinculaciones políticas.

Más allá de los múltiples privilegios que disfrutaban algunos de los presos alojados en la alcaldía y las graves denuncias vertidas contra las autoridades a cargo del lugar, como el ingreso de menores a pabellones donde se alojan reos acusados o condenados por delitos de abuso sexual, llama la atención una acusación puntual hacia el intendente Leonardo Raimundo.



Según el relato de quien denuncia, en la previa de las elecciones provinciales recibieron en la propia sede de la Unidad Regional XVII una serie de televisores 32 pulgadas destinados a los detenidos, “a cambio de la firma trucha de los presos para los votos”. En total eran 5 televisores y “se los repartieron entre los empleados policiales”.

El escrito detalla la operativa de cómo punteros políticos y el Jefe de la Alcaldía habrían acordado un fraude electoral a favor de Raimundo. “Los televisores estuvieron como cuatro días, y se los repartieron entre los empleados policiales, que uno estaba en la guardia, el cual no está en el inventario, y al penal (VIP) le dieron el que estaba en la guardia”, expresa la denuncia del uniformado.

Un día antes de las elecciones se concretó la mencionada entrega, a través de una mujer que hizo de intermediaria entre el político en cuestión y las autoridades policiales, su superior le pidió a la persona que denuncia que no asistiera ese día a cumplir su función laboral para que no presenciara el arribo de los televisores.

A pesar de esto, la denuncia apunta directamente al Jefe Mayor de la Alcaldía, aunque también revela un importante nivel de complicidad de otros miembros de la fuerza de seguridad. Tampoco resulta menor el pedido de que la denuncia no sea derivada a la Fiscalía de San Lorenzo para la investigación. “Tengo temor de volver a trabajar”, aseguró el miembro de la fuerza que vertió las acusaciones.

Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso recientemente la intervención por 180 días de la Unidad Regional XVII y decisión la designación de Gustavo Rapuzzi como interventor, quien ya cumplió funciones como subjefe en la mencionada sede policial. Una decisión similar se había tomado en el inicio de la anterior gestión provincial, en 2019. En aquel entonces el ministro Marcelo Sain también dispuso la intervención de la regional.