No se encontraron resultados.Los delegados congresales, representantes de 42 Sindicatos y más de 33 mil afiliados, rindieron homenaje al ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo quien fuera secuestrado y torturado inmediatamente después del golpe militar de 1976.

La organización sindical, reiteró su respaldo a la continuidad de la causa que investiga la participación del entonces funcionario municipal Pedro "Pili" Rodríguez, sindicado como partícipe necesario en el delito de lesa humanidad cometido contra el representante de los Trabajadores Municipales y otros compañeros del cordón industrial de San Lorenzo.

El Presidente del Congreso, Claudio Leoni, explicó a los Congresales la necesidad de cerrar el círculo de la Memoria, Verdad y Justicia con los responsables civiles del genocidio y aseguró que este es un caso para comprender como la dictadura actuó a instancias de intereses ajenos a los Trabajadores y al conjunto de los sectores populares.

Además manifestó, que Rodríguez siendo funcionario de una gestión democrática elaboró un proyecto de Estatuto para eliminar la estabilidad laboral de los trabajadores municipales santafesinos, hecho en que volvió a insistir cuando obtuvo su banca de diputado en representación del Partido Justicialista.

Desde FESTRAM reiteraron su "compromiso con la lucha por los derechos humanos y con el juicio y castigo a los culpables de todos los delitos de lesa humanidad; y en este caso en particular con los responsables del secuestro y las torturas que sufrió Manuel Casado".

La Causa

El viernes se conocieron los alegatos de la defensa de los acusados y el juez dispuso un cuarto intermedio, por lo que continuarán el próximo jueves a las 10 de la mañana en la sede de los Tribunales Federales de Rosario y la sentencia podría conocerse el 8 de agosto.

La defensa de Pedro Rodríguez pidió la nulidad de la causa porque "no corresponde considerar Delitos de Lesa Humanidad a los delitos cometidos en el año 76, porque ninguna norma así lo disponía. En conclusión, no puede aplicarse a los hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia. La defensa, va a solicitar al excelentísimo Tribunal que se haga lugar a la extinción de la acción penal por prescripción".

El fiscal Gonzalo Stara había pedido en la anterior audiencia una condena de 20 años para los militares Cervera y Maderna y 18 para el civil Pedro Alberto Rodríguez.