Esta mañana se conoció la faltante de cuatro armas de fuego que estaban guardadas en la Oficina de Gestión Judicial ubicada en el Centro de Justicia Penal, las cuales habían sido decomisadas a dos policías condenados por homicidio y que debían ser entregadas al Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, esto no ocurrió porque debían entregar además cierta documentación que estaba incompleta.

Por el hecho, hay una una investigación en curso por parte de la Fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional y, además, la Corte Suprema de Santa Fe paralelamente dispuso abrir investigación de sumario administrativo. Cabe destacar que, según informó el periodista Agustín Lago, “una de las armas fue hallada el jueves en un “aguantadero” de barrio Las Flores”.

Según se informó de manera oficial desde la Fiscalía, el día 1 de diciembre de 2021 se dió a conocer una sentencia de juicio oral y público sobre hecho de Homicidio contra los acusados Victor Villarruel y Franco Villarruel por el homicidio de Matías Sosa a quienes se los condenó a la pena de 20 años. En el caso intervino el Fiscal de Homicidios Dolosos Dr. Spelta. En dicha sentencia se dispuso la destrucción de dos armas de fuego y la devolución al Ministerio de Seguridad de otras dos, las cuatro de 9mm.

Al día siguiente, personal de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) no realizó el depósito de armas de fuego en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) porque la documentación que debían presentar dicha oficina estaba incorrecta e incompleta. Por ese motivo, se solicitó desde el MPA que se confeccionara correctamente la documentación y sea presentada junto a las armas en los días siguiente del mes de diciembre de 2021. Cuestión que no ocurrió.

Lo que se pudo determinar en base la investigación penal en curso es que las armas se las llevó personal de la OGJ a su oficina, ubicada en el primer piso del Centro de Justicia Penal, quedando allí desde el 2 de diciembre de 2021 y durante la feria judicial del mes de enero 2022, sin ser remitidas al MPA con la documentación correcta como era el proceso a seguir.

Luego de la Feria de Enero 2022, en la Oficina de Gestión Judicial, que depende de la Corte Suprema, notaron la faltante de la caja con las armas. En el mes de marzo se le dio aviso a la fiscalía de la faltante de las armas en la OGJ por lo que se inició una investigación que quedó a cargo de la fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional, quien dispuso una serie de tareas investigativas para determinar el proceso de las armas en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y el resguardo que se realizó de las mismas en dicha oficina.

Asimismo se solicitaron sean cauteladas las imágenes de cámaras de seguridad internas del espacio de la OGJ en el Centro de Justicia Penal como también se solicitó la información de quienes estuvieron en acceso a dichas oficinas durante la feria judicial. La investigación está curso en reserva a la espera de resultados. La Corte Suprema de Santa Fe paralelamente dispuso abrir investigación de sumario administrativo, informaron.

Desde el MPA destacaron que “la seguridad del edificio del Centro de Justicia, la oficina de gestión judicial y todo lo que corresponde a su organización depende de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe”.

Foto: Rosario3