Tras 48 horas de intensa búsqueda, fue hallado Wissam Ali, el marinero sirio de 36 años que había desaparecido luego de desembarcar del buque de carga Ghala, de bandera panameña, amarrado en la terminal de la empresa Cofco, en Puerto General San Martín. El tripulante fue localizado este viernes en la ciudad de Santa Fe y se encuentra bajo custodia de la Policía Federal Argentina.

La desaparición de Ali encendió las alarmas en las fuerzas de seguridad federales y provinciales. El capitán del buque había reportado que el marinero bajó a tierra hace dos días, sin autorización, y desde entonces no volvió a comunicarse ni regresó a la nave. Las primeras versiones indicaban que fue visto por última vez en una estación de servicio céntrica de Puerto San Martín, donde habría abordado un vehículo.

Se activó el Protocolo de Personas Desaparecidas y se emitió una alerta nacional, lo que permitió la articulación entre distintas agencias para su localización. Las circunstancias del caso aún no fueron esclarecidas, y las autoridades no han confirmado si se trató de una fuga voluntaria o de una situación más compleja. El caso es seguido de cerca por Migraciones, Prefectura Naval y fuerzas federales.

El episodio vuelve a poner en debate el nivel de control en los puertos del Cordón Industrial, en especial sobre el ingreso y egreso de personas en zonas sensibles, donde operan barcos de bandera extranjera y circulan trabajadores de distintas nacionalidades.

Desde la Municipalidad de Puerto General San Martín no se emitieron declaraciones oficiales, a pesar de las crecientes críticas por la falta de controles en los accesos portuarios abiertos hacia la ciudad.

Este caso se suma al reciente escándalo en el puerto de Vicentin, donde se hallaron casi 500 kilos de cocaína en un buque de bandera de las Islas Marshall, procedente de Emiratos Árabes Unidos y con destino final en Ámsterdam. La embarcación había cargado pellets de girasol y tenía previsto pasar por San Lorenzo y Montevideo.

Ambos hechos encienden nuevamente las alarmas sobre el riesgo de que los puertos de la región funcionen como puntos críticos del narcotráfico internacional y de redes de trata de personas, y exponen la urgente necesidad de reforzar los controles y mejorar la coordinación entre municipios, fuerzas de seguridad y organismos nacionales.