En el marco del debate por la reforma constitucional en Santa Fe, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe presentaron una propuesta que apunta a limitar el poder fiscal de los municipios y comunas, y frenar la proliferación de tasas locales que según las entidades "afectan directamente al sector productivo".
El caso que motivó en parte esta presentación es el cobro de la denominada "Tasa de Camiones" en los municipios de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, una contribución que los transportistas deben abonar por el ingreso de camiones con destino a los puertos de la región, bajo el argumento de financiar la reparación y mantenimiento de los caminos internos.
Los valores fijados por estas localidades para los camiones con hasta 45 toneladas oscilan entre $13.500 en Puerto General San Martín y $14.300 en San Lorenzo. En el caso de los camiones escalables, los montos ascienden a $16.500 y $17.700 respectivamente, generando un fuerte impacto económico para la logística del agro y la industria.
Desde las Bolsas de Comercio cuestionan que estas tasas no solo resultan onerosas, sino que, en muchos casos, no cuentan con mecanismos claros de rendición de cuentas ni trazabilidad. Un ejemplo de esto es la ciudad de Puerto General San Martín, donde el peaje aún se cobra en efectivo, sin sistema bancarizado que garantice el control y transparencia del millonario flujo de dinero recaudado. En contraste, otras localidades han avanzado en la bancarización del proceso.
Límites constitucionales a los tributos municipales
La propuesta elevada por las entidades comerciales solicita que la nueva Constitución santafesina limite expresamente las potestades tributarias municipales a tasas, derechos y contribuciones de mejoras vinculadas a servicios efectivamente prestados, impidiendo la creación de nuevos impuestos locales sin evaluación técnica y consulta pública.
“Es nuestra intención que la redacción del texto constitucional sea lo suficientemente clara en esta materia, y que no dé lugar a ninguna duda sobre este tema, fundamentalmente en tiempos donde la realidad nos ha demostrado a municipios y comunas imponiendo tasas por servicios que no se prestan, con un aumento en la presión fiscal”, resalta la propuesta presentada por Daniel Carlos Vicente a la Comisión Reformadora.
También exige que se incorporen principios de igualdad, capacidad contributiva, razonabilidad y no discriminación, y que se establezca la estabilidad fiscal como garantía para inversiones productivas, a fin de evitar medidas tributarias arbitrarias o sorpresivas que afecten la previsibilidad del sector.
En paralelo, el documento propone reconocer constitucionalmente la actividad portuaria y logística como estratégica, establecer coordinación tributaria entre Nación, Provincia y Municipios, promover el arbitraje en conflictos con el Estado para agilizar la resolución de controversias e incluir el amparo por mora administrativa y normas ambientales racionales.