El diputado provincial Luis Rubeo ingresó ayer un proyecto de ley que propone la creación de la Policía Municipal, una iniciativa que el legislador planteó en ocasiones anteriores y que en los últimos meses volvió a cobrar fuerza, junto a los planteos, por ejemplo, de que los intendentes puedan designar a los jefes policiales.

El proyecto de Rubeo plantea específicamente la conformación de una Policía Municipal en aquellos municipios de la provincia de Santa Fe con más de treinta mil habitantes que se adhieran a la normativa mediante ordenanza del Concejo Municipal con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. En el Cordón Industrial, San Lorenzo y Capitán Bermúdez podrían contar con su propia fuerza local de aprobarse esta iniciativa.

“La Policía Municipal es una institución pública, armada, única, especializada y profesional”, establece el artículo 2 del proyecto, y agrega: “Tiene la responsabilidad del mantenimiento del Estado democrático de derecho mediante su intervención en la seguridad preventiva local, dentro del ámbito territorial del municipio de referencia, con excepción de los lugares sometidos a la jurisdicción exclusiva provincial, federal o militar, frente la comisión de los delitos y faltas en su territorio”.

El intendente de cada localidad sería el jefe de esta fuerza, que tendría que conformarse con personal nuevo y estructura nueva “y con el traspaso de patrimonio, bienes, recursos y créditos presupuestarios de las unidades organizativas de la Policía de la Provincia de Santa Fe que de acuerdo a convenios específicos se determine”.

La policía local tendría como función “exclusiva la seguridad preventiva local destinada a la protección de las personas y los bienes y a la salvaguarda de los espacios públicos”. También se determinan tareas que no deben cumplir, entre ellas labores administrativas ajenas; custodias de personas detenidas o diligencias o actividades de tipo penitenciarias; custodias de edificios públicos, funcionarios o dignatarios; desarrollo de tareas de seguridad vial o dirección o gestión del tránsito vesicular, fluvial o marítimo, entre oras.

En cuanto al financiamiento, la ley resuelve que es el Estado provincial quien las solventa, sin perjuicio que cada uno de los municipios en donde decidan crear su propia policía deban asignar los recursos presupuestarios complementarios para su funcionamiento.

Además, propone la creación de una “Auditoría General de Policías Municipales en el ámbito del Poder Ejecutivo como órgano unipersonal de supervisión y control, a cargo de un Auditor General, que debe ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa”.

Entre los fundamentos, Rubeo señala: “Ante la crisis de seguridad local y las demandas colectivas articuladas en torno de ella, algunos municipios de la provincia han emprendido esfuerzos institucionales en función de optimizar el servicio de protección ciudadana, creando organismos administrativos con el objetivo de resolver los conflictos que se suscitan en la vía pública, prevenir incidentes delictivos y garantizar niveles más aceptables de seguridad vecinal”.

“No obstante, no cuentan con el manejo institucional del sistema policial ni con los recursos humanos, el soporte financiero o los medios institucionales especializados para abordar y dar cuenta en forma apropiada e integral de los asuntos de la seguridad en el plano local”, añade.

Cabe destacar que una iniciativa similar presentó en octubre pasado el diputado provincial Oscar Martínez.