El proyecto del FPCyS propone la reestructuración societaria de la firma vicentín con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la empresa tras su presentación de concurso de acreedores y la intención del gobierno nacional de intervenir y expropiar la agroexportadora. La Cámara contempla la posibilidad de incorporar acreedores públicos y privados nacionales, entre ellos productores y cooperativas, como accionistas; y la participación en el directorio de la empresa al gobierno provincial y a los trabajadores, representados a través de sus respectivos sindicatos, en el marco de lo establecido por el estatuto societario. También otorgar al Ejecutivo el poder de veto o “acción de oro” para decisiones estratégicas.

“El gobierno de la provincia de Santa Fe deber tener un rol protagónico para que el problema de Vicentín tenga una propuesta santafesina de solución. Nos revelamos contra el hecho de que sea un asunto discutido y decidido en Buenos Aires. La salida tiene que ser pensada, acordada y liderada en el territorio santafesino” , explicó El diputado Joaquín Blanco, autor del proyecto.

Por otra parte, el proyecto establece que el gobierno convocará a un comité de expertos interdisciplinario ad-hoc, constituido con referentes de amplia trayectoria de los sectores académicos, productivos y gremiales a los fines de asesorar al gobernador en la implementación de las acciones propuestas.

Asimismo, dispone la creación de una comisión bicameral compuesta por tres senadores y tres diputados a los efectos de monitorear el cumplimiento de los objetivos definidos, con facultades para consultar, asesorar y contribuir al respecto.

Según el Banco de la Nación Argentina, hay 42 cooperativas de la provincia de Santa Fe involucradas, que representan una deuda de 7 mil millones. Asimismo, hay 755 productores que concentran una deuda de 16 mil millones de pesos, con un monto promedio de 21 millones.

La iniciativa también faculta al Ejecutivo para que, en un plazo de 60 días, concerte con la empresa concursada una propuesta de reestructuración societaria que garantice la continuidad de las operaciones a fin de asegurar el sostenimiento, financiamiento y/o gestión de la empresa, preservando las fuentes laborales y los derechos de los acreedores. Además se deberá reunir y sistematizar información sobre las operaciones realizadas en los últimos diez períodos fiscales, la cual pasará a ser información pública.