La reciente decisión del Concejo Municipal de Granadero Baigorria de avanzar en la creación de canales oficiales de comunicación y la transmisión en vivo de sus sesiones puso en evidencia una fuerte desigualdad institucional en el Cordón Industrial.

A diferencia de esa iniciativa, los concejos municipales de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martín no cuentan, en la actualidad, con herramientas básicas como redes sociales oficiales o sitios web institucionales que permitan a los vecinos acceder a información pública de manera directa.

En estos distritos, la comunicación institucional de los cuerpos legislativos es prácticamente inexistente. La información sobre proyectos, debates o decisiones queda limitada, en muchos casos, a publicaciones en redes personales de concejales, lo que fragmenta el acceso y lo condiciona a intereses individuales.

La ausencia de canales oficiales no solo dificulta el seguimiento de la actividad legislativa, sino que también limita la transparencia y el control ciudadano sobre los actos de gobierno.

A esta situación se suma otro factor: los horarios en los que se desarrollan las sesiones. En algunos casos, como en el Concejo de Capitán Bermúdez, los encuentros se realizan en días y horarios laborales —como los martes por la mañana—, lo que reduce aún más la posibilidad de participación o asistencia de los vecinos.

Sin transmisión en vivo ni registros accesibles, el debate legislativo queda prácticamente fuera del alcance de la ciudadanía. El contraste con Baigorria reabre el debate sobre la necesidad de modernizar los cuerpos legislativos locales y adaptarlos a estándares mínimos de transparencia y acceso a la información.

En un contexto donde la digitalización y la comunicación directa son herramientas centrales para la gestión pública, la falta de estos recursos en buena parte del Cordón Industrial aparece como una deuda pendiente que impacta directamente en la calidad institucional.

La implementación de medidas simples, como redes sociales oficiales, portales web o transmisiones en vivo, no solo permitiría mejorar la comunicación con la ciudadanía, sino también fortalecer la confianza en las instituciones.

Mientras algunos municipios comienzan a dar pasos en esa dirección, otros continúan funcionando con lógicas que, en pleno siglo XXI, resultan cada vez más difíciles de justificar.