“Sabemos hace mucho tiempo que la situación es grave. No podemos dejar solos a los trabajadores discutiendo este problema”, sostuvo el legislador, en medio de una crisis que golpea con fuerza al norte y sur de la provincia de Santa Fe.
Vicentin, una de las empresas más emblemáticas del sector agroindustrial argentino, decidió suspender sus operaciones en ambas plantas por la falta de contratos de fazón, una modalidad que permite a las compañías procesar granos para terceros.
En un comunicado difundido esta semana, el directorio de la empresa explicó que la medida busca proteger los activos de la firma, ante la imposibilidad de avanzar con el plan de reestructuración acordado con sus acreedores, debido a trabas judiciales que aún persisten.
La compañía enfrenta una situación financiera y legal crítica. Las causas judiciales por presuntas irregularidades contables y financieras involucran a varios de sus exdirectivos, algunos de los cuales ya fueron detenidos. Esta compleja situación ha acelerado el deterioro de la firma y amenaza con dejar sin sustento a cientos de trabajadores.
Ante este panorama, Traferri insistió en que el gobierno provincial debe involucrarse de manera activa para evitar un desenlace aún más doloroso: “El gobernador no puede hacerse el distraído en una situación tan compleja como esta”, advirtió.
Para el senador, lo que ocurre en Vicentin forma parte de una tendencia preocupante en el Cordón Industrial. “Ya pasó con los serenos de buque, lo intentaron con los trabajadores de Sutracovi, y también con los de la UOCRA. No se respetan los convenios colectivos, y las empresas que llegan con precios bajos terminan haciendo que la variable de ajuste sean los trabajadores”, denunció.
En este contexto, Traferri propuso avanzar en la creación de una mesa de trabajo que reúna a sindicatos, intendentes, concejales y legisladores para abordar de manera colectiva esta crisis. Subrayó, además, que la participación activa del gobierno provincial en esa instancia es “imprescindible”.
Como antecedente, el senador recordó el conflicto en la planta de Dow, donde la falta de intervención del Estado contribuyó a su cierre. “Eso no solo afectó a 120 trabajadores directos, sino que impactó en más de 3.000 puestos de empleo en toda la provincia”, señaló.
Finalmente, Traferri dejó en claro que el Estado debe asumir una postura clara en estas situaciones: “Tiene que dejar bien en claro si está en defensa de los derechos de los trabajadores o de la empresa”, concluyó.