“La indigencia es una realidad nueva, emergente del deterioro socioeconómico, y debe ser reconocida por la carta magna como una emergencia social que requiere una respuesta inmediata del Estado”, argumentaron las organizaciones firmantes en el texto impulsado en el marco de la apertura a iniciativas ciudadanas que hizo la Convención.

Actualmente, la Constitución provincial sancionada en 1962 no contempla el término “indigente” ni su tratamiento. Según destacan, la seguridad alimentaria ya es reconocida como derecho universal por Naciones Unidas y consiste en el acceso periódico, suficiente y de calidad a los alimentos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales básicas.

El documento entregado por las entidades propone una metodología precisa para medir y abordar el problema: utilizar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como referencia económica y establecer un mecanismo de cálculo mensual, mediante el IPEC, que determine la brecha entre los ingresos formales (como la AUH y la Tarjeta Alimentar) y el costo real de los alimentos esenciales.

En la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, el Movimiento Los Sin Techo calculó que, al 28 de febrero de 2025, una familia tipo necesitaba $420.101 para cubrir la CBA. Con ingresos formales de $238.396, la brecha a cubrir sería de $181.705. Ese monto, sostienen, debe ser cubierto por el Estado provincial a través de un aporte obligatorio, directo e inmediato que permita a cada familia indigente superar esa línea.

“La única garantía de formalidad controlable es el aporte del Estado Provincial, ya que los ingresos por changas son discontinuos, informales e inestables”, indicaron desde el Movimiento. A su vez, remarcaron que “los alimentos de la CBA están perfectamente determinados y su costo es cuantificable, así como los ingresos de cada hogar, por lo tanto, también lo es la brecha”.

Desde ambas organizaciones aseguran que eliminar la indigencia no sólo es posible sino urgente y realizable, sin que ello implique un esfuerzo presupuestario extraordinario. “La superación de la línea de indigencia es mucho más simple que la de la pobreza, ya que no depende de complejas políticas macroeconómicas, sino de una decisión política concreta y financiable”, sostienen.

La propuesta se resume en la incorporación a la nueva Constitución de una norma de carácter operativo, que podría decir: “La Provincia de Santa Fe procurará eliminar la indigencia, asegurando la alimentación periódica, suficiente y de calidad a las personas y/o familias que estén impedidas de obtenerla por sí mismas”.

Además, se propone que esta disposición sea vinculante y que entre en vigencia en cualquier caso en que una persona o grupo familiar no cuente con ingresos suficientes, provistos por el Estado nacional, provincial o municipal, para alcanzar el valor de la Canasta Básica Alimentaria.

“La prestación del Estado deberá ser obligatoria, directa e inmediata ante una situación de emergencia alimentaria”, remarcaron.

“El derecho a la seguridad alimentaria debe estar en la nueva Constitución porque el indigente es un ser sufriente. Todos tenemos la responsabilidad de actuar de forma rápida y a escala masiva frente a este drama”, concluye el documento presentado por el Movimiento Los Sin Techo y el Colegio Mayor Universitario.