Todo indica que esta semana se presentará oficialmente al nuevo coordinador General de la Delegación San Lorenzo del Ministerio de Trabajo, cargo que está vacante desde marzo pasado, tras el pedido de licencia de su anterior titular, Sebastián Dolinsky. La noticia debería ser bien recibida, sin embargo los trabajadores de la oficina provincial pusieron el grito en el cielo porque, según denuncia, el gobierno de Maximiliano Pullaro no respetó el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública y la designación recayó llamativamente en alguien afín a la gestión provincial.

De acuerdo al decreto 2325/2024, que lleva las firmas del gobernador y de los ministros de Trabajo, Roald Bascolo, y de Economía, Pablo Olivares, se otorgó el cargo a Pablo Ezequiel Sapei, un conocido profesor de historia oriundo de Capitán Bermúdez con militancia y vínculos con la Unión Cívica Radical.

Sapei venía desempeñándose dentro del Ministerio de Trabajo, pero en la Dirección Regional Rosario en el cargo “División Conflictos Colectivos”, con categoría 4. Ahora, obtendrá la categoría nivel 7 del agrupamiento administrativo. Este es uno de los puntos por el cual los trabajadores de la Delegación pusieron el grito en el cielo.

Es que entienden que la normativa vigente vinculada a la carrera administrativa establece que las designaciones deben recaer en el reemplazante natural del cargo o en un agente del nivel inmediato inferior, considerando méritos fundados que acrediten idoneidad para el desempeño de las funciones. Y alegan que dentro de la Delegación local hay personal capacitado y en mejores condiciones que Sapei.

Uno de los empleados que cumple funciones allí es el abogado Antonio Cerdera, reconocido por su militancia en el justicialismo. Todo parecería indicar que, tras la salida de Dolinsky, era el número puesto para ocupar la Coordinación, aunque a pesar de los diversos pedidos nunca obtuvieron respuesta.

De acuerdo a lo que declaró Cerdera, se trataría de una persecución por parte del gobierno para evitar su nombramiento>. “No aceptamos la persecución, la arbitrariedad, las decisiones antidemocráticas”, señaló durante una conferencia la semana pasada y anticipó que en los próximos días podría presentar un amparo contra la medida.

Cerdera está convencido de que se trata de una persecución política a los trabajadores, a tono con las políticas de época.