Volvemos a hablar del Gobierno contra el Grupo Clarín. Cristina Fernández de Kirchner no es la presidenta, y no hay periodistas del canal Todo Noticias vaticinando la desaparición de la señal, pero el holding multimedios anunció la compra del 99% del paquete accionario de la filial argentina de la empresa Telefónica, y esto alertó a las autoridades nacionales por posible monopolización.
La misma terminología que los spots sobre la modificación en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual allá por el año 2009 se difundían en la televisión y en los medios vuelven en un comunicado de la cuenta de Twitter/X Oficina del Presidente de la Nación lanzado este lunes por la tarde.
“El Gobierno Nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina”, reza el comunicado.
Este lunes se comunicó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Telefónica ha vendido su filial en Argentina a Telecom, una de las empresas del grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares.
Ante esto, el Gobierno Nacional anunció que solicitará “la intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio”.
Para graficar esta situación se puede observar el mercado de servicios de telefonía celular existente hoy en Argentina, el cual se distribuye en partes casi iguales entre Claro, Movistar, del grupo Telefónica, y Personal, de Telecom. La primera empresa tiene el 39% de los abonados, la segunda el 33% y la restante un 26%. La fusión de estas dos, otorgaría un altísimo porcentaje, más de la mitad de los usuarios, a un mismo grupo, manifestando así una posición predominante en el mercado.
Breve repaso de la historia reciente: el debate por la Ley de Medios significó una guerra mediática entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín, ya que la modificación a la ley 26.522 buscaba limitar la cantidad de licencias de televisión, medios gráficos y radiales que podía tener una misma empresa. A través de sus diferentes firmas, el holding cuyo CEO era y continúa siendo Héctor Magnetto poseía una clara posición dominante en el "mercado de la información", algo que el entonces kirchnerismo buscaba abrir.
"El marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las licenciaturas de los servicios de la información y las comunicaciones", agregaron en el comunicado oficial, a la vez que sostuvieron que esta gestión "bajó la inflación para el segmento de las comunicaciones del 15,6% en diciembre del 2023 al 2,3% en el mes de enero de este año".
“El Gobierno Nacional tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia, y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación”, cierra el escrito del Gobierno de Javier Milei, no del de Cristina.