A la espera de los poderes delegados que le otorga la Ley Bases, el presidente Javier Milei ya prepara una batería de DNU para la eliminación de controles del Estado en las actividades marítimas y fluviales. En una investigación del periodista Antonio Rossi de Letra P contó que en la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables un borrador recorre los pasillos con la intención de eliminar los decretos de la gestión albertista para un nuevo esquema para concesionar el dragado y balizamiento del corredor fluvial y aumento en los peajes.

La redacción tiene la pluma del ex funcionario macrista Iñaki Arreseygor, quién y contiene cinco cambios clave vinculados con el futuro de la hidrovía, por donde se movilizan casi el 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores del país.

En primer lugar el nuevo Decreto de Necedidad de Urgencia del presidente elimina el DNU 949/20 de Alberto Fernández y plantea un nuevo procedimiento licitatorio donde se mantendrá el sistema privado de riesgo empresario con cobro de peaje sin aval estatal, pero se ordenará un nuevo procedimiento licitatorio para adjudicar las obras y el mantenimiento del dragado y señalización de la vía navegable troncal.

En segundo término, establece un modelo de Licitación Dividido, a diferencia del modelo anterior, el nuevo decreto contempla la posibilidad de convocar a más de un procedimiento de selección y dividir los contratos en tramos o actividades según sea técnicamente conveniente.

Por otro lado la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) tendrá la facultad para realizar la licitación y adjudicación tanto de la traza principal de la hidrovía como de otros tramos menores y complementarios.
De allí la supresión del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) que preside el abogado santafesino Abel de Manuele y está en manos de las provincias ribereñas transfiriendo sus tareas al SPVN. Según explica Rossi, la supresión del Ecovina busca evitar la intervención estatal innecesaria y armonizar las competencias administrativas asignadas a los órganos de gobierno.

Además, el decreto sostiene que todas las actividades relacionadas con la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal serán declaradas como "servicio público". Esta medida tiene como objetivo evitar paralizaciones y medidas de acción directa por parte de los sindicatos del sector.

Cabotaje Nacional

Otro borrador que circula por el sector es sobre el Decreto / Ley de Cabotaje Nacional 19492 del 44 creado por una crisis del transporte de cargas en forma general y para evitar los inconvenientes que afecten a la economía del país, cuestión que aún no se ha sorteado, pero que para el presidente la apertura del cabotaje es crucial para el crecimiento del país.

Por otro lado las organizaciones gremiales del sector no opinan de la misma manera y alertaron que la puesta en marcha de una apertura del Cabotaje Nacional será la destrucción de la fuente de trabajo local y que los barcos se llenarán de trabajo extranjero.

Javier Milei espera la sanción definitiva de la Ley de Bases para avanzar con su programa de apertura de los mercados.