No se encontraron resultados.En un operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía Metropolitana, la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad Metropolitano, fueron asesinados Bernardo Salgueiro de 24 años y Rosemary Puña de 28 años, hermanos latinoamericanos residentes en la villa 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es sin lugar a dudas responsable del asesinato de los compañeros, llegando al extremo de la impudicia al felicitar, por boca de uno de los más altos funcionarios de la ciudad, a los efectivos de las policías que actuaron en el operativo represivo. Y esta conducta es coherente con una larga lista de acciones violatorias a los derechos humanos que se podrían resumir en la historia de la creación de la misma Policía Metropolitana que ayer debutó en su verdadera función, que no es otra que la de reprimir las luchas populares.

Pero, por si alguno no lo sabe, la Policía Federal Argentina responde de manera directa al Gobierno Nacional, que es responsable jurídico y político de sus acciones, con lo cual estamos ante un accionar conjunto de ambos gobiernos, con responsabilidades compartidas, que es altamente preocupante y merece el repudio de todos los defensores de los derechos humanos.

En el fondo de la disputa que precedió a la represión sangrienta, está el incumplimiento del Estado Argentino (de vuelta la nota aclaratoria, de la cual es son los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad Autónoma, sus expresiones visibles y directas más allá de cualquier otra reflexión que nos merezca el término Estado Argentino) del derecho constitucional a una vivienda digna; derecho proclamado por la reforma constitucional del primer peronismo y ratificada en el articulo 14 Bis de la fallida Reforma del 57 y vuelto a ratificar en la última Reforma de 1994, conocida como la del Pacto de Olivos.

Las derechas pretenden instalar un eje falso: la discusión sobre quién empezó la disputa, donde estaba quién y donde aquel, cuando, desde la perspectiva de la lucha por los derechos humanos, la cuestión es transparente: detrás del asesinato de Mariano Ferreyra está la cuestión de la persistencia de la reforma neoliberal menemista de las relaciones laborales y la legalización del trabajo basura denominado “tercerización”; detrás de las muertes de Formosa de los miembros de la comunidad Qom, está la persistencia del despojo de las tierras a los pueblos originarios que ya lleva quinientos años y que ni la democracia del 83 ni la del 2003 movió un dedo para resolver; y detrás del asesinato de los compañeros de la Villa 20 Salgueiro y Puña está la cuestión del derecho a la vivienda.

Esa ha sido la secuencia de la lucha por los derechos humanos desde siempre en la Argentina: violencia implícita en el acto de negar derechos sociales, económicos, ambientales o del tipo que sea a los pueblos; reclamos y movilizaciones de las organizaciones populares que son reprimidas por el aparato estatal de represión que es uno (el monopolio de la fuerza es la cuestión fundacional y raigal del Estado, también del Argentino como se pudo recordar en la celebración del Bicentenario) aunque tenga distintos nombres: Policía Federal, Metropolitana, Bonaerense, Gendarmería, Prefectura, Ejercito, Marina, Aeronáutica, Agencias de Seguridad Privadas, Servicios de Información del Estado y de todas las fuerzas de seguridad, etc.

Tanto la Policía Federal como la Metropolitana que actuaron en el operativo de anoche no son fuerzas autogestionadas, o no deberían serlo.

Alguien dio la orden y ese alguien no es justamente el Juez Contravencional que ordenó el desalojo. Esa no es la cadena de mando de ninguna de las dos fuerzas. Y esa cadena de mando invariablemente llega al Gobierno Nacional y al Gobierno Metropolitano que deben parar esta escalada de asesinatos ahora mismo con las siguientes acciones: determinar claramente quien dio la orden desde el Gobierno Nacional y/o Metropolitano, echarlos del gobierno y denunciarlos penalmente o asumir que tanto la Policía Federal como la Metropolitana mataron por su cuenta, por lo que corresponde intervenirlas de inmediato y procurar el juicio y castigo a los autores materiales y los responsables ideológicos de las acciones criminales.

Así debió hacerse en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra sobre la Federal y así debió hacerse con el gobierno de Formosa en el caso de las muertes de la comunidad Qom.

No hacerlo ahora no solo sería una grave afrenta a las víctimas y el movimiento popular, una clara violación de los derechos humanos sino seguir abriendo un curso de agua en el barco de la democracia que lo terminará hundiendo. Es una historia demasiada repetida para no haberla aprendido: las concesiones a la derecha no la calman, la fortalecen; los gobiernos constitucionales que reprimen las luchas populares o pasan a ser gobiernos de derecha o son barridos por una derecha más funcional al Imperio y el stablishment local. La represión de Diciembre de 2001, la desaparición de Julio López y cien años de historia del Estado Argentino avalan este pronostico.

La sociedad argentina se ha expresado mayoritaria y contundentemente por el Nunca Más, el gobierno nacional debe cumplir ese mandato que hoy tiene una prueba de fuego en la investigación y castigo de los autores materiales y los responsables de los últimos asesinatos: Mariano Ferreyra, López de Formosa y los compañeros de la Villa 20 de anoche.
La cercanía de un nuevo aniversario de la declaración de los derechos humanos hecho por las Naciones Unidas en 1948 hace este imperativo más dramático puesto que la peor violación a los derechos humanos es la que se sufre en este instante, en este tiempo.