Todo comenzó luego de que el funcionario del mecanismo creado por la OMS para distribuir de manera equitativa vacunas contra el coronavirus en todo el mundo dijo que el gobierno de Alberto Fernández le solicitó que no mandaran dosis de Pfizer entre los envíos dirigidos al país. 

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otro de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, explicó Santiago Cornejo. 

Además, agregó que Argentina estaba bajo el modelo opcional y reveló que “antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”. 

En un comunicado que buscó desmentir al director de COVAX se aclara que sí se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento y que Argentina se incorporó al mecanismo mediante la “compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la opción es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas”. 

En ese contexto describe que la Organización Mundial de la Salud anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. Detalla que la “preasignación de dosis para Argentina era de 182.520”. 

Desde el Gobierno resaltaron que Argentina “nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX”. De manera que argumentan que el país “no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina”. La justificación es que pese a las negociaciones el mecanismo “no consiguió condiciones de compra legalmente viables” para el país. 

Más temprano, luego de que trascendiera la noticia, desde el Gobierno ya habían difundido su versión de los hechos y, según argumentaron, lo que permite el uso de la opción “es decidir no recibir vacunas de un proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas”. Pero no se puede elegir laboratorios “como un menú”. 

Cuando se abrió la primera ventana de negociación, Argentina manifestó su interés de comprar las vacunas de todos los laboratorios. Entre otros puntos, desde COVAX solicitaron que los países cuenten con los marcos de indemnización y responsabilidad necesarios en enero de 2021 para poder celebrar un acuerdo con Pfizer. 

El Gobierno ingresó a la primera ventana de compra de Pfizer, indicando la autorización por Ley 27.573 del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo Nacional para comprar las vacunas COVID-19 mediante el régimen de compras acelerado y a incluir en los contratos diversas cláusulas excepcionales como: prórroga de jurisdicción en favor de tribunales judiciales y arbitrales en el extranjero, renuncias a la defensa de inmunidad soberana, indemnidad patrimonial (salvo fraude, dolo o negligencia), confidencialidad, y otras cláusulas de acuerdo a antecedentes comparables en el mercado internacional. 

Según la Casa Rosada, dado que Argentina y Pfizer nunca llegaron a un acuerdo sobre estos puntos, “COVAX decidió dejar afuera finalmente a Argentina de la segunda ventana de ese laboratorio ya que no podía garantizar requisitos que fueran distintos de las negociaciones bilaterales”. 

En ese sentido, desde el gobierno difundieron dos cartas destinadas a las autoridades del mecanismo COVAX fechadas en enero de este año en las que señalan que no conocer los detalles del convenio bilateral de comprar “coloca a la Argentina en una situación inadmisible de contratación”.