El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este jueves que el Gobierno nacional apelará la medida judicial que suspendió por seis meses la aplicación del decreto que establece la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

La decisión fue comunicada a través de su cuenta en la red social X, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, que representa a trabajadores del sector vial. La resolución impide, por ahora, avanzar con cualquier acto administrativo vinculado al cierre del organismo.

La semana pasada, Adorni había informado en conferencia de prensa desde Casa Rosada que el Gobierno avanzaría con el cierre “definitivo” de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a los que calificó como “el corazón de la corrupción en la obra pública”.

Según explicó entonces el vocero, las funciones de diseño y planificación de la infraestructura vial pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía. En tanto, el control de concesiones viales quedará bajo la órbita de un nuevo ente: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

Hasta ahora, Vialidad Nacional tenía como misión principal diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial del país, con el objetivo de garantizar la conectividad territorial mediante rutas seguras y eficientes, claves para el desarrollo productivo y turístico.

El decreto también contempla la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, ampliando así sus funciones en el nuevo esquema.