El Concejo Municipal de la ciudad de San Lorenzo tiene en sus manos una de las discusiones más importantes en los últimos 20 años. Es que en diciembre se venció el plazo de la concesión de los terrenos donde se asienta el Puerto de Cabotaje y Guardería BG, y los concejales deben determinar el canon de alquiler por el plazo de otros 20 años.

En el km 441,3 del río Paraná sobre la costa Oeste y al límite con la ciudad de Fray Luis Beltrán, se encuentra el Puerto de Cabotaje de Alberto Gualtieri. Este espacio fue concesionado el 3 de diciembre de 2001 bajo la Ordenanza N° 2383, en ese entonces bajo la intendencia del hoy senador Armando Traferri, quien promulgó dicha norma.

La ordenanza estipula que por 20 años el señor Alberto Gualtieri podrá hacer uso de los terrenos y ganar 30 metros al río Paraná sin costo. También dispone una inversión obligatoria a cargo del empresario, un espacio de recreación para la comunidad y una prórroga de otros 20 años con el pago de un canon a fijar.

Esto último era el centro de atención de los ediles. La empresa realizó una oferta de USD 4500 mensuales en concepto de canon por otros 20 años de concesión, pero se llamó a una consulta profesional para determinar el valor específico de dicho usufructo y se dispuso una prórroga de 120 días con opción a 60 días más, plazo en el cual la empresa debería aportar información contable y financiera para determinar el canon locativo.

Estas consultas precipitaron el análisis inesperado de un letrado rosarino que determinó que la concesión resulta de nulidad absoluta e insanable y posterior usucapión, registro inmueble a nombre del municipio de San Lorenzo y régimen de canon.

El nivel de la discusión llegó hasta propinar golpes en los escritorios del recinto, consideraciones personales que terminaron en un quiebre de la relación de los concejales y la deuda de $500.000 al abogado que generó el dictamen de parte a nombre del concejal Marcelo Remondino.

Bajo presión

Una prórroga que vence el próximo 11 de junio pone en alerta a la empresa concesionaria y, en especial a los más de 30 trabajadores de la misma, además de los intereses de la ciudad. El Puerto de Cabotaje BG realiza abastecimiento de combustible a embarcaciones deportivas, navieras y remolcadores, almacenamiento de tambores, aceites y guardería, como así también servicio de transporte fluvial de pasajeros y cabotaje.

Este lunes los ediles tendrán en sus manos la decisión de sostener la validez de una concesión de hace 20 años y extenderla por otras dos décadas con la implementación de un canon o recurrir al elemento que sostiene el dictamen de nulidad.

El tratamiento de este riguroso tema será bajo la presión del fin de la prórroga que permite continuar el funcionamiento del puerto en un marco legal. Ya sin chances, los concejales deberán encontrar un consenso entre las partes que buscan otorgar el espacio mediante Licitación Pública, reducir el periodo de concesión dictado por la ordenanza original y aplicar un canon, y entre quienes sólo buscan imponer el arancel mensual correspondiente sin ninguna modificación.

La mirada de los presentes será otro factor a jugar para que el ordenamiento salga favorable.