Los diputados provinciales Celia Arena y Marcos Corach presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo de Santa Fe para que detalle el esquema de ejecución de las obras de los corredores viales del Cordón Industrial, una de las intervenciones de infraestructura más importantes del país. En particular, quieren saber si el gobierno de Maximiliano Pullaro prevé implementar mecanismos de contribución por mejoras o cofinanciamiento por parte de las empresas beneficiarias directas —en su mayoría, multinacionales del agro— y/o del gobierno nacional.

El pedido llega semanas después de que la Legislatura aprobara el Mensaje 4/25, que autoriza al Ejecutivo a tomar un empréstito de hasta 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar el llamado Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

“¿Las obras las vamos a pagar todos los santafesinos para que se beneficien un puñado de corporaciones?”, se preguntan los legisladores peronistas en los fundamentos del proyecto. Y apuntan directamente a la inacción de Pullaro: “¿Cuántas veces el gobernador viajó a Buenos Aires a pedir obras y volvió con las manos vacías? ¿Cuántas veces puso las mismas excusas que Javier Milei para justificar el parate de la obra pública?”.

Arena y Corach señalan que la obra —que ya había sido licitada y adjudicada durante la gestión de Omar Perotti— es clave para el desarrollo productivo local y nacional, dado que el Complejo Portuario Gran Rosario concentra la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Sin embargo, cuestionan que el financiamiento recaiga exclusivamente en las arcas públicas, sin aportes del sector privado, pese a ser su principal beneficiario.

También recordaron que la reciente Ley Bases (27.742) modificó el régimen de concesiones con el objetivo explícito de garantizar la participación del sector privado en obras de las que obtenga beneficios. “En este contexto, queremos saber si la provincia ha hecho gestiones concretas con las empresas del sector agroexportador para que aporten al financiamiento o si una vez más los costos los asume el Estado, y las ganancias se privatizan”, remarcaron.

Mientras la obra pública sigue paralizada en el resto de la provincia —rutas, viviendas y mantenimiento incluidos— el pedido de informes busca abrir el debate sobre quién debe pagar la infraestructura que sostiene el modelo exportador.