En los últimos días se instaló una discusión que podría generar un enfrentamiento sin precedentes, al menos en el pasado cercano, entre el gobierno provincial y los gobiernos locales del Cordón Industrial y con todos aquellos con actividad portuaria en el sur provincial. Desde la gestión provincial se encargaron de hacer trascender las intenciones de centralizar los fondos que actualmente estos municipios y comunas obtienen a partir del cobro de una tasa vial a camiones para el mantenimiento de caminos. La idea sería generar una especie de consorcio para, en teoría, administrar mejor esos recursos.

Si bien luego el propio gobernador intentó bajarle el tono a la discusión, aunque no negó que su gestión tenga en agenda tomar esas millonarias cajas que hoy manejan municipios como San Lorenzo o Puerto General San Martín o la comuna de Timbúes, el tema ya está en la agenda. También son cautelosos, al menos públicamente, los mandatarios locales, más allá de que por obvias razones no cayó nada bien la idea de la Provincia.

No hay dudas que los municipios y comunas que poseen dentro de sus territorios terminales portuarias son la gran envidia de muchos vecinos que no poseen ese supuesto privilegio. Y una de las razones es esa famosa caja que generan a partir del cobro de esta tasa vial, la que ahora está en el centro de la discusión ante el supuesto deterioro de algunos de los caminos que conducen a los puertos privados asentados a la vera del Paraná.



Actualmente el valor del “peaje” es de 10.900 pesos por camión, monto que puede elevarse si el vehículo excede los 45.000 kg. Son miles de camiones los que diariamente ingresan a las distintas terminales portuarias asentadas en la región. Es realmente una caja millonaria que cualquiera querría tener en su poder, que este año muchos ven con buenos ojos ante una nueva cosecha récord, aunque el año pasado, en plena sequía y con una disminución notable de ingresos a los puertos, nadie parecía registrar.

¿Está mal que sean los intendentes y presidente comunales quienes administran ese dinero? ¿Ese dinero que dejan los camiones que transitan el interior de cada una de las jurisdicciones y que tantos inconvenientes generan en la vida cotidiana de miles de habitantes de la zona sólo puede ser utilizado para arreglar un camino hacia los puertos? ¿No sería más imperioso centrar la discusión en el calamitoso estado en que se encuentran muchas rutas nacionales, por las que transitan esos mismos camiones causando accidentes fatales cada vez con más asiduidad? Son algunas preguntas que surgen a partir de esta discusión.

Por jurisdicción, esos miles de caminos que transitan a diario no sólo los ingresos a los puertos sino muchas veces el ejido urbano de estas ciudades y pueblos, son calles municipales y están bajo la órbita de las administraciones locales. Y el paso de estos vehículos pesados implica hacerse cargo no sólo del mantenimiento vial. Tal como lo explicó el jefe municipal sanlorencino, Leonardo Raimundo, convivir con los camiones implica el barrido de la soja que se cae; la desratización para evitar una plaga de roedores que crecen entre la soja; el control de tránsito y mantenimiento de las guardias de control urbano; el sistema de cámaras de seguridad, etc.

No hay dudas que parte de esa recaudación que obtienen los gobiernos locales por recibir miles y miles de camiones a diarios, con todas las consecuencias que ello conlleva, es lo que permitió que estas localidades “beneficiadas” por esta circunstancia hayan experimentado transformaciones como nunca antes en su historia. No es casual que muchos de esos mandatarios sean reelectos cada vez que plebiscitan sus gestiones en los actos electorales. En buena parte, ese dinero es el que permite que se lleven adelante obras de infraestructura que cambiaron positivamente la vida de quienes habitan allí, que son los mismos que muchas veces padecen la presencia del tránsito pesado en la región ¿No es justo que esos habitantes que sufren cotidianamente el paso de los camiones se vean beneficiados con esa contribución?



Además, son los gobiernos locales los que en las últimas décadas, desde las reforma del Estado impulsada en los 90´, quienes vienen asumiendo cada vez más responsabilidades en competencias que originariamente no eran de su incumbencia. Lejos quedó el famoso alumbrado, barrido y limpieza. Más en contextos económicos y sociales como el actual, son la primera línea en materia de contención social. Y es precisamente de los tres niveles del Estado el que menos aporta a la pesada carga tributaria que soportan los argentinos.

Poner el eje en los caminos municipales que conforman el último tramo que los vehículos pesados deben recorrer para llegar a destino pareciera tener como objetivo correr el foco de lo verdaderamente importante: el calamitoso estado en el que se encuentran cientos y miles de kilómetros de rutas nacionales, poniendo en riesgo la vida no solamente de los camioneros, sino también de todos aquellos conductores que deben transitarlas.

La preocupación debería estar puesta allí. Y el gobierno provincial, con el acompañamiento y apoyo de los gobiernos locales, tendría que destinar sus esfuerzos en reclamar con más ahínco ante el gobierno nacional para mejorar esas rutas. O también en acelerar los tiempos para la concreción de obras de gran envergadura, como la retrasada obra de acceso para el tránsito pesado desde la Ruta Provincial N°91 a los puertos de la localidad de Timbúes.

Tampoco hay que tener miedo a plantear quiénes son los grandes ganadores en este negocio y por ahora nadie quiso incluir en la discusión: las terminales portuarias extranjeras que se quedan con la riqueza argentina que se exporta.