El allanamiento se efectuó en una finca en la zona rural de Lavalle, de propietarios de origen boliviano y argentino y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

Se detectó que cuatro trabajadores no estaban registrados laboralmente y no tenían acceso a beneficios como vacaciones, obra social, aportes jubilatorios o seguro por su actividad.

Además, se constató que el pago se realizaba por productividad, sin un salario fijo ni horas establecidas de jornada laboral. Los trabajadores tampoco contaban con elementos de seguridad ni condiciones habitacionales adecuadas.

Ante esta situación, el Estado activó prestaciones de asistencia para los trabajadores, incluyendo la intervención del Renatre y el Ministerio de Desarrollo Social. Los organismos nacionales colaboraron en la recolección de pruebas para la causa penal, y los trabajadores fueron entrevistados por personal especializado del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.

El allanamiento fue ordenado por la jueza Cristina Pozzer Penzo en el marco de una denuncia iniciada por el Comité Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas.