El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sea eliminada en el marco del recrote del Estado impulsado por el gobierno nacional. La entidad remarcó la importancia de este organismo y exigió al presidente Javier Milei un compromiso real con la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

En un comunicado, el Foro recordó que la creación de un ente dedicado a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad responde a recomendaciones de Naciones Unidas, que desde 1981 ha impulsado políticas públicas inclusivas en sus países miembros. En Argentina, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), precursora de la ANDIS, ha sido clave en el desarrollo de normativas y programas orientados a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

"El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad representaría un retroceso grave en la política inclusiva del país. Aún hay un largo camino por recorrer en materia de derechos y accesibilidad, y la existencia de un organismo específico es fundamental para coordinar e impulsar acciones en todos los niveles del Estado", expresaron desde el Foro.

La organización también señaló que la ANDIS, pese a haber atravesado distintas gestiones con resultados dispares, sigue siendo una herramienta clave para la promoción de políticas públicas inclusivas. Asimismo, advirtieron que las políticas de discapacidad no deben reducirse a acciones de beneficencia, sino que deben estar orientadas al reconocimiento pleno de derechos, con garantías de acceso a recursos económicos, humanos y estructurales.

Finalmente, el Foro instó al gobierno a nombrar funcionarios idóneos en la ANDIS y a reafirmar su compromiso con los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que tiene jerarquía constitucional en Argentina. "Es imperativo que el Estado garantice las condiciones necesarias para la plena inclusión de las personas con discapacidad, asegurando el respeto a sus derechos y promoviendo su participación activa en la sociedad", concluyeron.