Una adolescente rescatada de un prostíbulo de Potosí. Un ciudadano chino indocumentado que es ingresado de forma ilegal por la frontera norte y termina en el barrio porteño de Once. Un joven de 17 años que desapareció en una fiesta patronal hace 5 años y no se lo encuentra.

Todos estos hechos tienen un denominador común: La Quiaca, la ciudad jujeña que limita con Bolivia y que está en el extremo norte de Argentina. Por allí, en el paso a Villazón, transitan, en forma irregular, unos 900 menores de edad por día. A sólo medio kilómetro del paso internacional, hay una calle, sin controles, por donde también se puede traspasar la frontera.

Sobre este fenómeno trata la investigación periodística Los invisibles de La Quiaca, de Diego Granda, publicada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y La Otra Trama, una red de organizaciones que trabaja contra el crimen organizado. A continuación se publica un resumen de esa publicación.

LOS INVISIBLES DE LA QUIACA (Investigaciones Fopea).

La red criminal
El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi —desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia— explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”.

Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.

“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. “En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona.

VENTA DE NIÑOS

El ex Defensor del Pueblo boliviano afirmó que los niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera a 5.300 pesos argentinos.

“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno.

La Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.

Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. O con permisos que —casualmente— siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el 2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas.

La desaparición de Ariel

Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final.

Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.

Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.“Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.

Esclavitud

La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente.

Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer).

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.(LaVoz)