El tribunal, integrado por Carolina Prado, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, los consideró culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y desaparición forzada.

Recibieron penas de prisión perpetua 5 exmilitares del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, los oficiales Luis Gustavo Diedrichs, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Pedro Vergéz, y el suboficial Carlos Alberto Díaz. También recibieron la misma pena Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Emilio Morard, personal civil de Inteligencia del Ejército. Los ocho acusados fueron encontrados responsables por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y desaparición forzada.

Los expolicías provinciales del Departamento de Informaciones Policiales (D2) Miguel Ángel Gómez, Yamil Jabour, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Molina y Carlos Alfredo Yanicelli recibieron penas de 18 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Mientras que el expolicía Fernando Martín Rocha fue condenado a 4 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Se trata del del juicio número 12 que se desarrolla en la provincia de Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La gran mayoría de los acusados ya contaban con condenas previas por esos procesos. Los únicos imputados que llegaron a juicio por primera vez resultaron absueltos por pedido de la fiscalía. Fue el caso del general de brigada retirado Arturo Emiliano Grandinetti y el teniente coronel retirado Carlos Horacio Meira.



El juicio, conocido como causa Diedrichs/Herrera, comenzó en septiembre del año pasado y unificó dos causas por hechos que ocurrieron en los primeros meses de funcionamiento de La Perla, entre marzo y septiembre de 1976. La mayoría de las víctimas militaban en el PRT-ERP y eran estudiantes universitarios e incluso, dos de ellos, secundarios.

Las causas habían sido elevadas a juicio en 2016 pero su inició demoró más de cuatro años debido a los numerosos recursos presentados por las defensas y su lenta resolución en instancias superiores. La pandemia impidió que comenzara en abril de 2020 y, cuando finalmente lo hizo, en septiembre de ese año, de los 33 imputados originales habían fallecido 15. Mientras se desarrollaba el debate, cuando faltaban semanas para finalizar, murió también José Hugo Herrera, suboficial del Destacamento de Inteligencia 141 con pedido de perpetua por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, y otro de los acusados, el expolicía Calixto Flores, fue apartado del debate, por lo que sólo 16 acusados llegaron con vida a la sentencia.



La Perla; el exterminio en escala industrial

El cuartel de La Perla comenzó a funcionar a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 como un campo de concentración y exterminio, bajo la supervisión del general de división Luciano Benjamín Menéndez, el mando directo del coronel Emilio César Anadón y la jefatura operativa del capitán Héctor Pedro Vergez. Semioculto tras una lomada contigua a la ruta hacia Villa Carlos Paz, a pocos kilómetros de la Comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército, fue el mayor CCDTyE del interior del país, donde se calcula que fueron mantenidos cautivos, torturados y asesinados alrededor de dos mil detenidos desaparecidos entre 1976 y 1978.

Las causas “Rodríguez”, “Rodríguez II”, “Checchi”, “Quijano”, “Tófalo”, “Vega”, “López”, “Pasquini”, “Bruno Laborda”, “Manzanelli”, “Herrera” y “Ríos” reúnen a centenares de víctimas de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada –en una decena de casos, seguida de muerte– y homicidios agravados. El expediente “Acosta” incluye a 138 prisioneros sobrevivientes de La Perla, víctimas de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos.

Con el control absoluto del aparato del Estado en manos de las fuerzas armadas, el campo de La Perla se convirtió en el epicentro de la represión en Córdoba y los demás CCDTyE comenzaron a funcionar como sus satélites. Como correlato, el objetivo político se amplió: a la eliminación de la militancia revolucionaria activa, se sumó el ataque a toda experiencia organizativa, con el fin de aterrorizar y disciplinar al conjunto de la sociedad.



La Perla fue el “destino final” de quienes caían en manos del grupo de Operaciones Especiales o Tercera Sección u OP3 del Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren” del Ejército, que contaba con la subordinación y colaboración de las fuerzas policiales y la Gendarmería. El teniente Jorge Exequiel “Rulo” Acosta comandaba el grupo de secuestradores, que entregaba los cautivos al staff de interrogadores y torturadores liderado por el teniente primero Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro, quien sistematizaba la información con su superior, el capitán Luis Gustavo “León” Diedrichs, jefe de la Sección Política del Destacamento de Inteligencia 141.

Menéndez ya acumula 13 sentencias en su contra, 11 a prisión perpetua; Anadón se suicidó en septiembre de 2004; Vergez fue condenado en diciembre de 2013 a 23 años de prisión por crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército; Acosta fue sentenciado a prisión perpetua en Córdoba en julio de 2008 y en octubre de 2013 se le aplicó en Catamarca una condena similar por la masacre de Capilla del Rosario en agosto de 1974, de la que recientemente lo absolvió la Cámara de Casación Penal; Barreiro y Diedrichs llegan a este juicio sin condenas previas. La evidencia que los incrimina es abrumadora y fue aportada principalmente por los sobrevivientes.

Fotografìas de La Perla tomadas durante la visita que realizó la CoNaDep en el año 1984, cuando la Perla funcionaba como guarnición militar.
Archivo fotográfico del espacio para la memoria La Perla y del Archivo Provincial de la Memoria.