La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su profunda preocupación por la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), medida formalizada mediante un decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial.

Según manifestó la entidad, que representa a un amplio espectro del sector de la obra pública y privada, la eliminación de un organismo técnico con casi cien años de trayectoria representa un grave retroceso institucional y pone en riesgo la planificación, licitación y control de proyectos viales de manera eficiente y transparente.

El comunicado advierte que el traspaso de funciones al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, tal como lo estipula el decreto, genera incertidumbre en múltiples niveles, especialmente en lo que respecta a la continuidad de obras estratégicas, la pérdida de empleos y el debilitamiento de la articulación público-privada que ha sido eje del desarrollo vial en las últimas décadas.

Uno de los puntos que CAMARCO subraya con mayor énfasis es el riesgo que implica el mantenimiento de más de 30.000 kilómetros de rutas nacionales que no están concesionados al sector privado. En ese sentido, alertan sobre el impacto directo que esta decisión tendrá en la logística, la producción, y la conectividad de miles de argentinos en su vida cotidiana.

Desde la entidad constructora hicieron un llamado al Gobierno para abrir instancias de diálogo con el sector, y solicitaron un enfoque estratégico que contemple reglas claras, continuidad de políticas y una visión federal del desarrollo.