En busca de agilizar los procesos de disolución matrimonial, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para introducir el divorcio simplificado en casos de mutuo acuerdo. La iniciativa propone evitar la judicialización de los divorcios, permitiendo que estos se resuelvan a través de un trámite administrativo ante el Registro Civil, eliminando la necesidad de abogados y juicios.

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia, sugiere la modificación del artículo 435 del Código Civil y Comercial, permitiendo que los cónyuges disuelvan su matrimonio de manera más rápida y económica. En la actualidad, el divorcio requiere la creación de un expediente judicial, lo que genera costos y alarga el proceso.

Además de aligerar la carga judicial, el objetivo de la iniciativa es también reducir los costos tanto para los involucrados como para el Estado, liberando a los tribunales de casos que podrían resolverse sin intervención judicial.

En la propuesta se destaca que el divorcio en sede administrativa permitiría a las parejas "terminar su vínculo matrimonial de la misma forma en que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante un oficial público". De este modo, el proceso se simplificaría significativamente, ofreciendo una alternativa menos costosa y más ágil que los divorcios judiciales actuales.

Este proyecto también está en línea con las tendencias de varios países que ya implementan un sistema de divorcio administrativo, como Brasil, Portugal, Colombia y México, entre otros.