En el último día de vigencia de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, el Gobierno nacional resolvió el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a otros dos organismos estatales, en el marco de una reestructuración administrativa orientada al recorte del gasto público y a una nueva lógica en la gestión de la infraestructura vial.
El anuncio fue realizado este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que la decisión se formalizará mediante un decreto presidencial que será publicado en las próximas horas. Además de Vialidad, también serán eliminadas la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Durante la conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, Adorni sostuvo que la medida busca poner fin a décadas de desmanejo, ineficiencia y sobrecostos en el manejo de la obra pública vial. “El Estado no puede seguir sosteniendo estructuras que sirvieron como caja política o fueron utilizadas con fines espurios”, señaló.
A partir de esta decisión, las funciones de control y fiscalización pasarán a una nueva Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que absorberá parte de las tareas que cumplía la CNRT y será responsable de la regulación de las concesiones viales en todo el país.
En paralelo, el Gobierno anunció que abrirá una licitación para gestionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, priorizando la participación del sector privado bajo nuevas condiciones contractuales.
“Este es el puntapié de una política que apuesta a la eficiencia y a la transparencia. Se acabó la obra pública como sinónimo de corrupción y despilfarro”, remarcó el vocero, en un tono enfático.