Esta tarde el presidente de la República Argentina Alberto Fernández derogó el decreto 522/20 emitido el 9 de Julio pasado. La medida de anular la intervención a la agroexportadora Vicentín, se conoció por medio de su cuenta de Twitter donde el mismo presidente publicó el documento y dijo: “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días, pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”. Justificó.

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, dijo el presidente.



El nuevo decreto que anula el proceso de intervención por 60 días remarca que el Estado debía desembolsar “recursos e incluyendo un esfuerzo fiscal para contar con el capital de trabajo necesario para el giro de la empresa”, proceso que debía involucrar a la banca pública, a las empresas del Estado y a las Asociaciones Anónimas con capital estatal mayoritario.

Entre los factores que impulsó al gobierno desestimar la “recuperación de la empresa Vicentin”, se encuentra la Ley de Emergencia Económica sancionada por el Congreso en 2019. En este marco, el presidente resaltó que el proceso de reactivación de la empresa no se puede encuadrar dentro de la mencionada Ley y además reconoce la profunda crisis económica que deja la pandemia del coronavirus y “el endeudamiento inédito que dejó la gestión anterior”.

“Se estima inconveniente y contrario a los intereses del Estado que éste participe de cualquier modo o comparta la administración de Vicentin”, cuando Entes públicos y órganos del Estado nacional se han presentado como querellantes en los procesos por los cuales se investigan comisión de delitos federales vinculados a la administración fraudulenta.
Además Fernández dedicó un párrafo a los sectores opositores a la medida de la intervención: “La acción del gobierno nacional demandaría un esfuerzo de recursos que lejos de ser percibida como una acción virtuosa de rescate a la compañía, fue interpretada con desconfianza”.