El imputado en cuestión es Luciano P. a quien la Fiscal Luisina Paponi le atribuyó, una vez que Alexis L. habría cometido los tres asesinatos, haber ocultado el celular de Eber Ramos y la motocicleta en la que llegaron a la vivienda de calle 13 de marzo al 300 Emiliano Saucedo y Santiago Ochoa, las víctimas. 

De acuerdo a la nueva reconstrucción que realizó la letrada en la audiencia realizada en la sala 2 de los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, a la que accedió de manera exclusiva este cronista, en primer lugar, momentos después de las 22 horas del 12 de enero de 2024, Alexis Ezequiel L. habría causado el asesinato de Santiago Ochoa y Emiliano Saucedo en su domicilio de calle 13 de marzo al 300. 

Todo habría sucedido cuando Santiago Ochoa había concurrido al domicilio de L. junto a su compañero de trabajo, Emiliano Saucedo, a buscar 891.000 pesos, más intereses prometidos por el imputado, siendo la suma total de 1.265.000 pesos, dinero que Santiago le había entregado el 19 de diciembre de 2023, bajo la promesa de darle 990 dólares.

En esa circunstancia, se lo acusa a L. de haberlos atacado con una masa de 3 kilos y con una cuchilla tipo tramontina con mango de madera, causando de ese modo la muerte de Santiago y Emiliano por lesión vascular cervical grave, por herida de arma blanca, en contexto de politraumatismo de cráneo grave.

Asimismo, se le atribuye que posteriormente, minutos antes de las 12 de la noche ya del 13 de enero, cuando Eber Ramos se dirigió a la vivienda de Alexis L. a retirar 4.000 dólares que le había prometido a cambio de 4.400.000 pesos que le había llevado a su casa a las 20 horas del 12 de enero junto a Luciano P., el otro imputado, lo habría atacado de la misma manera que a Ochoa y Saucedo, causándole también la muerte con las mismas lesiones. 

Para Paponi, el acusado habría realizado todo esto con la finalidad de apoderarse del dinero que le habían dejado Santiago Ochoa y Ever Ramos, asegurar el resultado y procurar su impunidad. Por ello, quedó imputado por homicidio criminis causae (tres hechos) en concurso real y en calidad de autor.

Por su parte, a Luciano P. la Fiscal le atribuye que, en el marco de ya haberse producido el triple crimen, alrededor de la medianoche del día 13 de enero, haber tomado el celular iPhone 13 que utilizaba Eber Ramos, el cual se encontraba en el patio del domicilio de Alexis L., ubicado en calle 13 de Marzo 300 de Capitán Bermúdez y hacerlo desaparecer.

Asimismo, se le atribuye a las mismas fechas, entre las 22 horas y las 0.30 horas aproximadamente, haber adquirido y ocultado la motocicleta marca Honda Wave color blanca en el interior de un domicilio de calle Los Inmigrantes al 70 de Capitán Bermúdez, donde viven sus padres, siendo la motocicleta en la que Santiago Ochoa y Emiliano Saucedo llegaron hasta el domicilio de Alexis Ezequiel L., el día 12 de enero de 2024 a las 21.43 horas aproximadamente.

En consecuencia, la conducta atribuida por la Fiscal califica legalmente como encubrimiento por favorecimiento real y aceptación dolosa, agravado por ser el hecho precedente un delito excepcionalmente grave.

Entre las pruebas relevadas por la letrada para la causa, además de las declaraciones de testigos y personas allegadas a las víctimas, la autopsia de los fallecidos y otras medidas realizadas, se encuentran el secuestro las armas, una maza de 3 kilos y una cuchilla tramontina de mango de madera; la suma de 441.000 pesos en el interior del domicilio y 55.500 pesos contaminados con sangre.

También de una mochila secuestrada en un cantero ubicado en la vía pública, a metros del domicilio, con 4.300.000 pesos y una constancia en nombre de Luciano P.; una mochila de color negra hallada en el interior del domicilio, que contenía documentos a nombre de Santiago Ochoa y con la motocicleta marcada Honda Wave color blanca de propiedad de Ochoa hallada en el patio delantero de la vivienda de Alexis L.

Mientras tanto, la investigación penal continúa abierta y ambos imputados continuarán en prisión preventiva por lo menos hasta enero de 2026, cuando se cumpla el plazo de ley, aunque la Fiscalía podría solicitar una prórroga por un año más o hasta que se realice el juicio.