La Fiscal Dra. Natalia Benvenuto les atribuyó a los identificados como H.J.S, M.G.B., J.A.A, y la identificada como C.P por el delito de Comercio de estupefacientes; para H.J.S en carácter de partícipe primario; para M.G.B, J.A.A y C.P en carácter de partícipes secundarios. La Jueza de primera instancia Dra. Griselda Strólogo tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días para los cuatro imputados. 

La Fiscalía les atribuyó haber comercializado estupefacientes en dosis de cocaína destinadas directamente al consumidor desde momentos indeterminados, al menos desde fecha 15/4/25, fecha en la que PDI logra divisar tal actividad mediante el sobrevuelo de drone, hasta el 2 de mayo de 2025 a las 2.30 am aproximadamente, cuando se realizó un allanamiento. 

En virtud de ese procedimiento se halló un trozo compacto en su interior con una sustancia blanquecina compacta, siendo cocaína, de 27,1 gramos, un envoltorio de nylon de pesaje 2 gramos de cocaína, un envoltorio dentro del cual se observan cuatro envoltorios más pequeños cuyo interior tenía cocaína, los cuales arrojaron un peso de 1.9 gramos, el cual se encontraba arriba de una mesa de un domicilio de calle Misiones al 100 de Puerto General San Martín y en el domicilio de Pte. Roca al 900 de la misma localidad. 

La participación de H.J.S consistía en la atención en el punto de venta fijo de calle Misiones al 100. En relación a J.A.A era la persona a la que le llevaban el dinero producido de la venta de estupefacientes en el mencionado punto fijo. C.P y M.G.B realizaban tareas de campana a los efectos de avisar, cuando personal policial se acercara y puedan advertir de la comercialización ilícita realizada.

Cabe destacar que uno de los bunkers, precisamente el de calle Misiones, fue derribado el pasado viernes en horas de la mañana fruto de los procedimientos mencionados anteriormente, en el marco de la Ley de Microtráfico que le permite a las autoridades del MPA ordenar la inactivación de estos puntos de venta de drogas cuando se comprueba que los domicilios eran utilizado para dicha actividad ilícita.