Mientras la crisis de Vicentin profundiza su impacto sobre miles de familias trabajadoras, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) se posiciona como el único actor con capacidad real de gestión y contención frente al vacío empresario y político. En una entrevista con ABC Radio, el secretario Gremial de la entidad, Martín Morales, expuso con crudeza la situación actual de la empresa, pero también dejó en claro que el gremio barará los brazos y continuará impulsando soluciones concretas para salir de la crisis.

“Estamos con mucha gestión. Las puertas se abren, pero hay que sortear muchos obstáculos”, sintetizó Morales, en lo que hoy representa la única estrategia activa para sostener los puestos de trabajo.

Desde que en 2019 Vicentin ingresó en “estrés financiero” —una quiebra en términos concretos—, el sindicato aceitero denunció maniobras de vaciamiento, defendió la intervención judicial y acompañó el intento de expropiación impulsado por el gobierno nacional. Sin embargo, tras el retroceso de aquella iniciativa, y con el apoyo de algunos sectores políticos, la empresa volvió a quedar en manos de quienes la habían llevado al colapso.

“Dejaron la empresa en manos de estafadores y hoy los trabajadores lo están pagando. Hay cuatro directivos presos, otros 16 imputados, y una deuda que supera los 1.500 millones de dólares. Además, se sumaron 64 millones más en deuda posconcursal”, detalló Morales.

La caja de Vicentin está vacía. Marzo se pagó en cuotas, apenas se alcanzó el 80% de los salarios, y abril ya llegó sin certezas. Pero el sindicato no se quedó paralizado. Por el contrario, puso en marcha una intensa agenda de reuniones, audiencias, reclamos institucionales y un Apoyo Económico de Contingencia a sus trabajadores.

Esta semana, el juez Fabián Lorenzini volvió a intervenir la empresa y habilitó una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados. La intervención judicial, combinada con las gestiones del sindicato, abrió un pequeño pero significativo margen de esperanza.

El SOEA mantuvo dos reuniones clave en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, con la participación de empresas fasoneras que operaban en Vicentin, como Bunge, ACA, Viterra, Bioenergías SA y Commodities SA. El objetivo: lograr un nuevo esquema productivo que permita reactivar la planta y garantizar los salarios.

“Ayer, por ejemplo, el grupo de Mariano Grassi trajo una propuesta para ingresar semillas y trabajar a fason. No es la solución total, pero es un paso. Seguimos gestionando sin descanso”, aseguró Morales.

La resistencia gremial también se da en el plano político. Morales cuestionó duramente a sectores que en 2020 se opusieron a la intervención del Estado con el lema “Todos somos Vicentin”.

“Nos gustaría ver una autocrítica. Algunos de los que defendieron a la empresa hoy ni aparecen. El diputado (Dionisio) Scarpín, que encabezó la caravana en defensa de Vicentin, tuvo que retirarse de una audiencia porque los compañeros lo enfrentaron. Lo que hicieron fue encubrir una estafa”, denunció.

Mientras tanto, las consecuencias golpean a más de 1.300 trabajadores directos y más de 3.000 indirectos. A esto se suma un nuevo problema: la planta de Reconquista quedó sin energía eléctrica, un hecho que agrava aún más el panorama.

“Estamos sosteniendo esta lucha paso a paso. No nos rendimos, no abandonamos a nadie. Y vamos a seguir peleando por cada puesto de trabajo”, concluyó Morales.