El último viernes de noviembre, el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla, despidió al Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Alejandro Bonicatto. Bonicatto había sido designado en agosto, después de varios meses de vacancia en el cargo.

El secretario general del Centro de Patrones, capitán Mariano Moreno, no ocultó su preocupación: “Una vez más, somos testigos del improvisado accionar del Gobierno Nacional en materia pesquera. En nuestro país, la máxima autoridad administrativa en el ámbito pesquero está representada por el Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca y, después de él, el Director Nacional de Coordinación Pesquera lleva la mayor responsabilidad. Por la relevancia de la industria y por la enorme cantidad de familias que dependen de su desarrollo en términos de sostenibilidad de los recursos, resulta como mínimo preocupante que, nuevamente, nos encontremos ante una situación de vaciamiento y acefalía en el sector”.

La estructura organizativa de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, encargada de coordinar y controlar la actividad pesquera en el país, quedó gravemente afectada. A partir del 10 de diciembre de 2023, el cargo de Director de Control y Fiscalización permanece vacante. Esta situación se profundiza con la reciente salida de Bonicatto y del Coordinador de Análisis de Infracciones y Sanciones, Conrado Garzoli.

Moreno se mostró alarmado por la desregulación: “El Gobierno desreguló, en el mes de agosto, normativa pesquera que protegía el estado de nuestros recursos y que había generado estructuras de trabajo eficaces que nos habían posicionado como país por encima de los más altos estándares internacionales en la materia. Sumado a ello, la nueva administración decidió avanzar sobre el desmantelamiento de los mecanismos de Control y Fiscalización pesquera, dejando vacante el cargo de Director, despidiendo a inspectores e inspectoras y dejando los muelles desiertos de la presencia de inspectores, atentando contra la salubridad de nuestro caladero y poniendo en jaque la certificación de nuestras pesquerías”.

Las principales funciones del Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, y de Control y Fiscalización, son clave para la seguridad y sostenibilidad del sector. Entre estas tareas se encuentran la fiscalización de las actividades de pesca comercial en el ámbito nacional, el monitoreo satelital de los buques, la coordinación de actividades con las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, la supervisión de los inspectores y el análisis de las infracciones a la normativa vigente.

“El control de la pesca es fundamental para evitar la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos. Sin estos controles, no solo se pone en riesgo el presente, sino que se afectan las generaciones futuras. La falta de un organismo competente y operativo en el sector es una amenaza real para la industria pesquera y para las miles de familias que dependen de ella”, destacó el referente gremial.

Finalmente, el capitán hizo un llamado urgente a las autoridades: “Exigimos que se ponga en funcionamiento el andamiaje administrativo pesquero en su totalidad. Este estado de acefalía y anomia está perjudicando gravemente a todos los actores que forman parte del sector pesquero argentino. La actividad pesquera se desarrolla en base a la explotación de recursos naturales finitos, y debe ser controlada de manera estricta. De lo contrario, los daños pueden ser irreparables a largo plazo”.