Finalmente, este miércoles, con el primer turno de la jornada, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) inició una medida de fuerza por el incumplimiento salarial de Vicentin SAIC en las plantas de Ricardone, Puerto San Lorenzo y la envasadora perteneciente a la firma (Renopack).

Ayer, en un contundente comunicado junto a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), habían anunciado una huelga nacional que obtuvo una respuesta express de la Secretaría de Trabajo de la Nación para suspender el accionar con una conciliación obligatoria.

La cédula fue solicitada por la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA), que no vaciló en bajarse del conflicto por la discusión de la concursada Vicentin y continuar produciendo por otros 15 días hábiles. Es que “los estratégicos” también cuestionan la falta de liquidez de una empresa que recibió poco más de US$3 millones, más el IVA, en concepto de adelantos de fasones de soja, girasol y etanol por parte de diversas empresas integrantes de dicha cámara.

La conciliación abre el escenario paritario de aceiteros en un momento clave para la industria. Las partes quedan sujetas a cumplir con las audiencias y negociar la paritaria vencida en el mes de enero, donde la oferta empresarial no estuvo ni cerca de las pretensiones de los trabajadores.

Vicentin depositó el 30% del salario y, como se había anunciado desde el sindicato aceitero, “cuando se le toque el salario a los trabajadores, vamos a parar todo”, cumplieron con su palabra. El gremio sostiene que “los trabajadores venimos a trabajar y queremos el pago de nuestro sueldo como corresponde, nada tenemos que ver con estos manejos políticos”.

El puerto de San Lorenzo y la planta de Ricardone estaban en plena producción y con una importante afluencia de camiones, que quedaron varados en la playa lindera a la planta. Si bien las entregas advirtieron sobre la medida de fuerza y se cortaron los cupos para la empresa en conflicto, se analiza una posible congestión del tránsito por la presencia de camiones y obras viales en accesos principales.

Por otro lado, el juez de la causa inicial, Fabián Lorenzini, de los Tribunales de Reconquista, dispuso la designación de una veeduría de contralor, que tendrá amplias facultades y que, en el plazo de 120 días, deberá presentar un informe con la evaluación de la documentación que clarifique la situación de la concursada.

Como se sabe, el panorama financiero es crítico: se registran deudas postconcursales por más de 5.000 millones de pesos, amenazas de cortes de servicios esenciales y una falta total de liquidez operativa. A pesar de haber obtenido 3 millones de dólares en fasones de soja, girasol y etanol, los fondos no alcanzan para sostener el funcionamiento de la empresa.