El eje de la denuncia sindical radica en una coincidencia temporal que la CGT califica como escandalosa. El magistrado Victor Pesino había solicitado formalmente continuar en su cargo tras cumplir los 75 años, el límite constitucional para ejercer la magistratura sin un nuevo acuerdo.

Casi en simultáneo con la firma del fallo que favoreció al Estado Nacional al destrabar la reforma laboral, el Poder Ejecutivo impulsó con celeridad el trámite para habilitar dicha prórroga. Para la central obrera, esto configura un escenario de "quid pro quo" (algo a cambio de algo): el juez fue beneficiado por una decisión política del Estado, mientras que el Estado resultó favorecido por la resolución judicial de Pesino.

El equipo legal de la central, bajo las directivas de la mesa chica, apuntó contra lo que consideran un "intercambio de favores". Según los fundamentos de la recusación, el fallo que destrabó la reforma laboral —que entre otros puntos elimina multas por falta de registro y modifica el régimen de indemnizaciones— se dio en un contexto de negociación 

política entre el Gobierno y ciertos sectores del Poder Judicial.

"No estamos ante un fallo jurídico independiente, sino ante una decisión política que busca desguazar los derechos de los trabajadores a cambio de beneficios personales para los jueces", señalaron fuentes de la central de la calle Azopardo.

Más allá de la estrategia en los tribunales, la conducción de la CGT comenzó a debatir la necesidad de una nueva medida de fuerza nacional. La habilitación de la reforma laboral fue leída como el "traspaso de una línea roja" que no puede ser respondida únicamente con papeles en Comodoro Py.

Durante las reuniones de urgencia mantenidas en las últimas horas, los principales referentes del triunvirato deslizaron que, de no mediar una marcha atrás judicial o política, un nuevo paro general para el mes de mayo es una posibilidad cada vez más cercana.

La recusación presentada por la CGT se basa en tres pilares:

-Falta de imparcialidad: Por los presuntos vínculos y "premios" otorgados por el Ejecutivo.

-Inconstitucionalidad: Reiteran que una reforma de tal magnitud no puede realizarse por decreto, salteando el debate en el Congreso.

-Regresión de derechos: Advierten que la aplicación inmediata de la reforma genera un daño irreparable sobre la estabilidad laboral de millones de argentinos.

Con este escenario, la CGT busca frenar el impacto de la medida mientras termina de medir la temperatura en las bases para anunciar el siguiente paso en el plan de lucha.