En un frente común, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Chubut y la Asociación de Capitanes le exigieron al gobernador que medie en el conflicto que mantienen con la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CaFACh). Las entidades gremiales dejaron en claro que no van a aceptar nuevos acuerdos salariales para la próxima temporada hasta que las empresas cumplan con los valores acordados en el acta de paritarias del año pasado (Exp. N° 2-975/2023 y Exp. N° 2-977/2023).

El conflicto no es nuevo: en octubre de 2023 se firmó una nueva escala salarial, pero a casi un año, los trabajadores denuncian que los incrementos acordados nunca llegaron a sus bolsillos. “El personal de pesca todavía no ha cobrado lo pactado en la temporada pasada”, apuntan los gremios en el comunicado. Esto genera una gran desconfianza para firmar cualquier nuevo acuerdo, ya que "no hay garantías de cumplimiento por parte de las empresas", sostienen.

Con el inicio de la zafra de langostino a la vuelta de la esquina, la situación es cada vez más crítica. No comenzar la temporada no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino también a la economía de la provincia de Chubut, ya que la pesca del langostino es una de las principales fuentes de ingresos. La dilación en la apertura de la temporada también impacta en una cadena de valor que incluye desde la construcción de embarcaciones hasta las plantas de procesamiento y los servicios asociados a la actividad.



“El recurso pesquero pertenece a la provincia, y quienes tienen los permisos de pesca están obligados a salir a pescar; si no lo hacen, deberían cedérselos a quienes sí estén dispuestos a trabajar”, señalaron desde los sindicatos, poniendo de relieve la importancia de que se respeten los compromisos asumidos. Los gremios también subrayaron que están dispuestos a negociar nuevos valores salariales para la próxima temporada, pero solo si se cumplen los acuerdos anteriores.

El gobierno nacional, por su parte, mostró una postura aperturista en relación a la actividad pesquera, lo que generó tensiones en el sector. Las políticas de flexibilización para permitir la entrada de flotas extranjeras y la reducción de controles sobre las capturas generan preocupación entre los trabajadores, que ven peligrar tanto sus fuentes laborales como la sostenibilidad del recurso.

Finalmente, los gremios piden al gobernador Torres que actúe con rapidez y cumpla con su palabra. Sin su intervención, la temporada de pesca podría quedar en suspenso, afectando no solo a los trabajadores embarcados y de tierra, sino a toda la economía de la provincia.