La declaración pone de manifiesto la preocupación que significa la derogación o modificación de las normas ambientales conseguidas y amparadas por el artículo 41 de la Constitución de la Nación y resalta el riego que implica para los recursos naturales y las fuentes de trabajo.

La iniciativa del gobierno es reformar la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922); y derogar el articulado de otras leyes que protegen los recursos naturales de nuestro país y que han impulsado la generación de empleo para la Tradición Justa, tal es el caso de la Ley N° 27.424 “Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica” y de la Ley 25.626 que impide el ingreso de neumáticos reusados y recauchutados, y en su lugar, permitirá el ingreso de residuos de neumáticos a nuestro país.

Los sindicatos adherentes rechazan la iniciativa presidencial dado que, más allá de ser inconstitucional, es contraria al principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566) ratificado por Argentina que establece que las nuevas leyes no pueden rebajar lo establecido en la normativa vigente que sería el resultado del poryecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

El Cap. Mariano Moreno, Sec. Gral del sindicato Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo declaró que “le ha costado mucho a los ciudadanos lograr una regulación ambiental de avanzada con el consenso de Diputados y Senadores, que le da seguridad jurídica a nuestro país, protege los recursos naturales y por ende a los trabajadores y las trabajadoras”.

Sol Klas, Sec. Nacional de Ambiente de APOC y del Frente Sindical de Acción Climática, profundizó “el resultado del DNU y del proyecto de Sturzenegger implica un retroceso de 29 años en materia ambiental que va a contramano del mundo. Tampoco brindará la seguridad jurídica que se busca y que es fundamental para que Argentina sea atractiva para las inversiones. La modificación y derogación de estas leyes como pretende el Presidente Milei, es una muestra concreta de inestabilidad jurídica para las inversiones y el desarrollo, particularmente en lo que se refiere a la protección de los recursos naturales y el ambiente cuya derogación es considerada ilegal e inconstitucional”.