El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), liderado por Raúl Durdos, enfrenta una disyuntiva compleja: insistir en aumentos salariales en un contexto de flota paralizada o aceptar la propuesta de las empresas pesqueras de suspender los aportes sindicales para que ese dinero vaya directo al bolsillo de los trabajadores.
La iniciativa fue elevada por la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), que agrupa a las principales compañías del sector. En una nota firmada por su presidente, Agustín de la Fuente, las empresas solicitaron formalmente la “suspensión temporal de los descuentos de haberes por aportes sindicales”, argumentando que esta medida podría aliviar de forma inmediata el impacto económico que sufren los marineros ante la inactividad de la flota congeladora tangonera.
“Buscamos respuestas concretas ante la difícil situación que enfrenta la marinería por la inactividad de la flota destinada a la captura de langostino a bordo, debido al alza exponencial de los costos internos, en particular los laborales, que impiden continuar con la operatoria actual”, argumentaron desde CAPIP.
La propuesta busca trasladar al salario de bolsillo el porcentaje que hoy se destina al sindicato, en un gesto que, según la cámara, pretende mostrar “empatía gremial” en un contexto donde ni las empresas generan ingresos ni los trabajadores prestan servicios efectivos.
El dilema del SOMU
La iniciativa pone a prueba a la conducción del SOMU, que se encuentra bajo presión de su base para garantizar ingresos en un contexto de incertidumbre, pero también bajo la lógica de sostener su estructura gremial, que se financia en gran parte con esos aportes.
Aceptar la suspensión temporal significaría un gesto de flexibilidad en favor de los trabajadores, pero también abriría una puerta peligrosa: ¿cuán transitorio sería ese “alivio”? ¿Qué pasaría si se generaliza esta lógica en otros conflictos?
Por otro lado, negarse a la propuesta podría exponer al gremio a críticas por parte de los propios afiliados, que verían cómo el dinero que podría sumar a sus sueldos sigue yendo a una estructura que —desde la mirada empresarial— no estaría acompañando con la misma sensibilidad.
En su tramo final, el escrito llama a una salida negociada: “Estamos convencidos de que, si actuamos con responsabilidad, empatía y unidad, seremos capaces de establecer nuevas pautas salariales que faciliten el retorno a la actividad habitual, asegurando la viabilidad del sector y el sustento de las familias trabajadoras”.
La propuesta de CAPIP, más allá de su contenido inmediato, instala un debate más profundo: ¿hasta qué punto el sindicato está dispuesto a revisar sus mecanismos de financiamiento para preservar el ingreso de sus afiliados en tiempos de crisis? ¿Puede el SOMU leer esta situación como una oportunidad de reconfigurar su relación con las bases o la asumirá como un ataque encubierto a su autonomía?