No se encontraron resultados.Otro día sin ir a la escuela y a la suerte del peso diario, dos madres desesperadas recurrieron a este medio periodístico para denunciar públicamente la desatención y poco compromiso del municipio con los niños discapacitados de la ciudad.

María (14) y Daniel (22) son dos niños con capacidades diferentes que viven en barrio Granaderos de esta localidad. Los dos comparten algunas cosas en común, asisten a la escuela, se movilizan gracias a una silla de ruedas, poseen certificado de discapacidad y el municipio no encuentra el camino para brindar una asistencia efectiva, en mejora de la vida de estos jovencitos.

María padece de melomeringocele, hidrocefálea e insuficiencia renal crónica. La niña concurre a clases habitualmente, cuando el transporte municipal para personas con discapacidad funciona o las calles del barrio lo permiten. La madre de la niña remarcó: “me he comunicado en varias oportunidades con la intendenta y también con Analía (Mezavilla), y la última vez que la llame por favor para que me consiga un remis, una ayuda para trasladar a mi hija a una junta médica en Rosario me contestaron que la trafic no funciona y que me las arregle como pueda”.

Daniel vive con su tía hace 10 años, no habla, no camina y su madre lo dejó a los 12 años. Como otros niños él también asiste a una escuela (en este caso especial), visita al médico una vez al mes y su madre postiza, Nanci se dedica a cuidarlo desde entonces.

Las madres de los niños expresaron a este medio que “los chicos han perdido turnos con juntas medidas por falta del transporte municipal para traslado de personas discapacitadas, que no cuentan con ninguna alternativa a su alcance para realizar el traslado cuando tienen un turno en hospitales”.

Nanci contó: “la intendenta no me quiere ayudar. En verano con los calores que hubo pedí muchas veces por favor que me traigan una cuba de agua porque el nene estaba convulsionando y después de unos días, me trajeron a las dos de la mañana y al día siguiente ella habló en una radio con el nombre de mi hijo”.

Por su parte la madre de María, Hilda, aseguró que presentó una denuncia por abandono de persona contra la secretaria de Acción Social Analía Mezavilla.

“Yo tengo el número de Liliana (Canut) y un día la llame porque tenía que llegar a una junta médica y me contestó que me arregle como pueda, la nena tiene una pensión, sácalo de ahí”, relató la madre de María.

En lo económico las familias se manejan con trabajos de ocasión. María tiene una pensión nacional y Daniel una pensión Provincial. María necesita el 50% del dinero para pañales y apósitos y el resto para una dieta estricta por la complejidad del caso. Por su parte la mamá de corazón de Daniel no puede acceder al dinero de la pensión si no es a contra factura y contó que “cuando la plata falta qué puedo comprar. No puedo presentar ninguna factura, en la almacén no me dan”.

Las mujeres remarcaron que los chicos tienen derechos y en el Municipio no se da una solución alternativa para estos casos de solidaridad ya que las familias alegan que no poseen ingresos fijos, mensuales, y solo viven de changas.

“Tenemos que pasar por esta situación, por nuestros hijos tenemos que ser fuertes pero no se dan cuenta que con las respuestas que dan nos lastiman y nosotras después quedamos como las malas de la película cuando nos enojamos, pero defendemos la salud de nuestros hijos”, remarcó Nanci.

“Juegan con los derechos de los discapacitados, los médicos nos reprochan la inasistencia a los turnos y nosotros avisamos con anticipación” contó Hilda y agregó: “el próximo turno con traslado es para el 7/08 y ya me confirmaron que me llevan a las 5 de la mañana. Es lamentable que mi nena se tenga que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 6 en el Hospital J. Vilela y esperar cuatro horas para que sea atendida, y en ayunas”, detalló.

En la localidad hay una ordenanza que habilita a tres chapas de taxis para servicios especiales y para personas con discapacidad o movilidad reducida. Este servicio que es atento desde el concejo municipal, debe comprenderse como obligatoriedad, para el municipio, ante el caso de excepción en la rotura del móvil normal de traslado.