El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, oficializó la actualización de los cuadros tarifarios para el gas natural y la energía eléctrica a partir del 1 de febrero de 2025. La medida, implementada a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), unifica las bonificaciones sobre el precio de la energía para los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3), mientras que traslada un mayor costo a los consumidores en el marco de la política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.

Con la nueva estructura tarifaria, los usuarios verán reflejado un incremento del 1.6% en la factura de gas y del 1.5% en la electricidad, aunque el impacto real podría ser mayor debido a la reducción de subsidios y el contexto inflacionario. La unificación de los descuentos sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) implica bonificaciones del 65% para usuarios de menores ingresos (N2) y del 50% para los de ingresos medios (N3), dejando sin subsidios a los sectores de mayores ingresos (N1), que pagarán el precio pleno de la energía.

La decisión del Gobierno Nacional se enmarca en su política de "sinceramiento" tarifario y en la reducción del gasto público, lo que genera preocupación entre los usuarios residenciales y sectores productivos que dependen de estos servicios. Especialistas advierten que los aumentos progresivos en los servicios esenciales afectarán directamente el poder adquisitivo de los hogares y la estructura de costos de las industrias y comercios.

A su vez, el Ejecutivo decidió modificar el mecanismo de compensación de la Tarifa Social del gas, estableciendo que los pagos de subsidios se harán directamente a los productores y no a las distribuidoras, con el argumento de "desburocratizar" el sistema y evitar intermediaciones.

Mientras el Gobierno Nacional avanza con su política de ajuste en los servicios públicos, los argentinos se preparan para afrontar facturas con mayores costos y un panorama incierto sobre la evolución futura de los precios de la energía y el gas.