El Concejo Municipal de Capitán Bermúdez aprobó ayer un nuevo desarrollo urbanístico en la localidad que desató la polémica. Se trataría del primer barrio cerrado de la ciudad, aunque el municipio no cuenta con una normativa que regule este tipo de proyectos, por lo que los ediles del radicalismo, Emanuel Lastra y Vilma Paulini, votaron en contra y aclararon que no se oponen a este tipo de iniciativas, pero exigieron una legislación acorde.

El flamante desarrollo, aprobado por los concejales del oficialismo, Luis Sánchez, Ariel Cejas, Carlos Dolce, y por el edil del PRO, Jesús Velázquez, contempla la urbanización de una franja de 18 hectáreas en la zona oeste de la ciudad, a escasos metros de la autopista Rosario - Santa Fe y con frente sobre avenida Gervaso. En el expediente, no figura el nombre de la empresa a cargo.

“Entendimos que estos desarrollos de barrio cerrado tienen que tener una normativa, como hay en Funes o en Roldán, donde hay un proyecto de ordenanza que los regula y se anexa al Código Urbanístico”, explicó el concejal Lastra en diálogo con 11Noticias, y agregó: “Este desarrollo lo hicieron con el código urbano de barrios abiertos. Los concejales del peronismo salieron a decir que a posteriori van a hacer un proyecto de ordenanza que regule los barrios cerrados, pero va a ser un proyecto a medida de este barrio”.

El edil radical aclaró que “no nos oponemos al desarrollo de barrios cerrados en la ciudad porque le da crecimiento” y destacó además que las regulaciones existentes en otras localidades sobre este tipo de urbanizaciones también prevé “beneficios para todos los ciudadanos que viven afuera, como algunos espacios verdes”.

Asimismo, Lastra señaló que "hay que regular un código tributario específico para barrios cerrados que tampoco se tiene en cuenta en este caso”.



El propietario presentó un proyecto de trazado y loteo, que fue evaluado y probado por el Departamento Ejecutivo. De todas maneras, previo a la intervención de los planes-de-mensura definitivos, deberá presentar las actas de donación de espacios verdes y la documentación que asegure la dotación de los servicios de infraestructura indicados.

En este sentido, el concejal mencionó que tuvieron acceso al proyecto, pero remarcó: “Por más que lo hayan evaluado, deberían evaluarlo en función de una ordenanza específica de barrio cerrado”.

Según se estipula en la ordenanza aprobada, el urbanizador deberá proveer los servicios para desagües, alcantarillas y zanjeo; trazado, nivelación, estabilizado y apertura de calles, asfalto en todas las calles, forestación de calles y espacios verdes, desagües pluviales, redes de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público; asegurar la provisión de agua potable y la solución de los destinos de desagües cloacales.

Además, el uso admitido deberá ser residencial permanente y residencial temporario, residencial multifamiliar, permitiéndose también el uso comercial, recreativo turístico, deportivo, servicios de salud, educativos, financiero y seguridad de acuerdo a la sectorización que determine.

*Imagen de portada ilustrativa