El Concejo Deliberante de Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, respondiendo a preocupaciones expresadas por los ciudadanos, aprobó una normativa que prohíbe la implementación de la tecnología de comunicaciones 5G en la ciudad.

Esta decisión, que generó un amplio debate, refleja una postura cautelar hacia la tecnología emergente hasta que se presenten pruebas concluyentes sobre su inocuidad.

La ordenanza municipal N° 6317, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo Municipal, establece una moratoria en la instalación de cualquier infraestructura relacionada con la tecnología 5G.

La medida se mantendrá hasta que estudios médicos y científicos confirmen que esta tecnología no representa un riesgo para la salud de los habitantes de la ciudad.

La normativa declara a Ushuaia como "zona libre de radiaciones" derivadas de la tecnología 5G y tecnologías de transmisión de datos de generaciones futuras.

Además, la ordenanza prohíbe explícitamente la instalación de estas tecnologías hasta que se disponga de estudios médicos y epidemiológicos que aseguren su seguridad.

Este paso cautelar se fundamenta en el "principio precautorio" en materia de salud y ambiental.

Estudio médicos

La validez de los estudios futuros que busquen revocar esta prohibición estará sujeta al aval de organismos internacionales de renombre como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF), y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo.

La Municipalidad de Ushuaia dejó en claro que no otorgará permisos para obras o instalaciones que impliquen el despliegue de la tecnología 5G hasta que se cumplan los requisitos establecidos en la ordenanza.

Y cualquier autorización otorgada en contravención de esta normativa será considerada nula y no generará derecho a indemnización.

Es importante destacar que, aunque esta prohibición es una decisión municipal, la autorización para implementar tecnologías como la 5G es competencia del Gobierno Nacional y del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM).

Esto plantea un escenario potencial donde las empresas con licencias nacionales podrían enfrentar obstáculos legales en Ushuaia, lo que eventualmente podría llevar a litigios judiciales.

Fuente: Noticias Argentinas