Dicen que la tercera es la vencida, pero no parece el caso de este Convenio Interjurisdiccional con la empresa Serodino y cuatro localidades que quedó en una meseta por la falta de subsidios y le cierra la puerta a un servicio local de colectivos.

Pasaron cuatro meses desde la firma del tercer acuerdo entre las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo, Ricardone y Aldao para otorgar a la empresa Serodino SRL. la explotación del servicio de transporte público interno entre las localidades y no hay mucha expectación sobre el tema.

Si bien el convenio consiguió la aprobación de los Concejos Deliberantes y Comisiones de Fomento, a la fecha no hay certeza de que se materialice la ambiciosa propuesta.

La Unidad Ejecutora (localidades) es quien tiene que definir el recorrido, condiciones, preferencias sobre el valor de la tarifa y hacerse cargo de los costos para que el pasaje tenga un precio razonable. En comparación con el servicio interurbano, que cuenta con un subsidio nacional del Fondo de Compensación al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano, se encuentra en con una pronunciable diferencia.

Desde enero el reparto de estos aportes al transporte quedó en manos del Ministerio de Transporte de la Nación y requiere de regularizar los convenios vigentes para actualizar los subsidios.



El convenio Interjurisdiccional cumplió con la regularidad pero no está dentro del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y no recibe los beneficios de la tarifa social con un 55% de rebaja para jubilados, empleadas domésticas, excombatientes de Malvinas y pueblos originarios.

Además, el Boleto Educativo Gratuito (BEG) implementado en todo Santa Fe, solo devuelve el 50% de la tarifa e impacta directamente sobre los ingresos de las empresas y las hace dependientes del sistema de aportes gubernamentales.

Según datos aportados a este medio, el 80% de los pasajeros son estudiantes, docentes, jubilados y discapacitados, lo que obliga a sostener una tarifa local reducida. Pero se contrapone con los costos de combustible, salarios y mantenimiento de las unidades dispuestas para el servicio.



"Hay una reducción de subsidio nacional por falta de fondos y la provincia trata de mantener el esquema provincial pero es difícil para una política municipal que aporte y se plantea que no hay plata para el transporte. Estamos en un problema donde todos quieren el transporte pero no hay quien quiera hacer esos aportes para sostenerlo", remarcaron desde el sector empresarial.

Las localidades deberían afrontar un costo de seis millones de pesos mensuales para que el colectivo interno recorra las calles.

Los números condicionan a las localidades más pequeñas. En ese sentido, Ricardone y Aldao manifestaron que no tienen recursos, como sucedió en su momento con Fray Luis Beltrán, que levantó el servicio que ingresaba a la ciudad.